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Sin Sandra Torres, no es transurbano

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RAUL FALLA

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, recién cumplió diez años de gestión en el país, tiempo que ha marcado una serie de investigaciones polarizadas y desproporcionadas, que han culminado con la reclusión provisional-definitiva de miles de guatemaltecos.

El fallido experimento internacional se ha caracterizado, además, por brindar a la Vice Presidenta de la Internacional Socialista, señora Sandra Julieta Torres Casanova, una protección absoluta primero, en relación con el caso Rosemberg. Aquel proceso que inició con un video donde el propio abogado claramente incriminó su muerte a la señora Torres Casanova, quien hoy continua impune, pues, se logró determinar la completa inocencia de los hermanos Valdés País, injustamente procesados por ese crimen.

De la misma forma, resulta difícil entender como se omitió la investigación en el caso del asesinato del escritor y periodista guatemalteco Hugo Arce Barillas, en un hotel de la zona cuatro capitalina, donde al igual que en el caso anterior se logró establecer que la posible sindicada del asesinato del periodista es nada más y nada menos que la ex presidenta de facto del gobierno de la UNE, quien de nuevo gracias a la íntima amistad que comparte con el non grato continúa libre e impune, disfrutando los millones que obtuvo como producto de la distribución ilegal de las bolsas solidarias.

Y que decir de la mayor estafa cometida en contra del peculio de la nación, me refiero al caso conocido como Transurbano, el cual hoy en día tiene recluidos en prisión al ex presidente Álvaro Colom Caballeros y gran parte de su gabinete de gobierno.

Sin embargo, resulta curioso que, en la lista de los capturados, no figure el nombre de la señora Sandra Julieta Torres, cuando es de conocimiento general que la misma gestionó y exigió de forma personal la suscripción de los acuerdos y compromisos para la importación y uso de las unidades de transporte colectivo en el país, y que hoy se reprocha de haberse efectuado de forma fraudulenta.

Como era de esperarse, la declaración del non grato y la de quien desde Gerona le hace los mandados no se hicieron esperar, y rápidamente para beneficiar a la ex esposa de Álvaro Colom, indicaron que en contra de esta no existe ninguna investigación relacionada con ese tema, pues ella no fungió como funcionaria publica.

De nuevo se pretende engañar a los guatemaltecos con el argumento de que, para perseguir a una persona por un desfalco al patrimonio del estado, es necesario ser funcionario público. Lo cual no es verídico, pues basta con hacer un poco de memoria y recordar como hace unos meses de forma pomposa fue capturado el hijo y el hermano del Presidente de la República, quienes no son funcionarios ni empleados públicos, por la supuesta facilitación de una factura por la cantidad de noventa mil quetzales y por virtud de la cual no se perjudicó el patrimonio del estado.

Estoy seguro de que al igual que los ejemplos antes relacionados, correrán la misma suerte casos del alto impacto como Sigma, bolsas solidarias y Dragados de Champerico, donde la principal sindicada es la señora Torres Casanova.

Por ello, hago un atento llamado al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, para que de forma urgente remueva al Comisionado Iván Velásquez Gómez, debido a las gestiones opacas, maliciosas y con tintes ideológicos que ha realizado en contra de cientos  de guatemaltecos ilegalmente procesados, así como por atentar de forma directa en contra de la soberanía nacional al pretender defenestrar por medio de la presentación de antejuicios espurios al Presidente de la República legítimamente electo por la mayoría de los guatemaltecos, para imponer en su lugar a una persona afín a los intereses de los que conforman el pacto de terroristas.

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