Home > Columnas > ¿”SECRETO” de Estado? II

¿”SECRETO” de Estado? II

///
Comments are Off

Insisto: La Canciller no podrá invocar válidamente la excepción del artículo 30 constitucional en su futura interpelación porque, salvedad hecha de los asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, “todos” los actos de la administración son públicos; excepción que fortalece el artículo 161, que le permite a los Ministros de Estado no contestar las interpelaciones que les formulen los diputados cuando se refieran a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes.

.

La CC, en sentencia del 30.11.2010 (Expedientes acumulados 1373/ 1412 y 1413-2009) recordó que algunos convenios internacionales de protección de Derechos Humanos reconocen excepciones al principio general de publicidad de los actos de gobierno y que, en su caso, éstas deben ser justificadas en la existencia de un “interés preponderante” sustentado en tres requisitos: i) hallarse fijada por ley; ii) obedecer a una de las dos razones precisadas en los artículos 19, tercer párrafo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: a) respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o b) protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas; y iii) la preexistencia de un interés público imperativo que sea conducente para el efecto, proporcional al interés que la justifica y que interfiera en el menor grado posible en el ejercicio efectivo del derecho. Analizando el “interés preponderante” explicó en la opinión consultiva de 08.03.2005 (Exp. 2819-2004) que “los asuntos militares o diplomáticos ambos de seguridad nacional, se refieren a aquellos asuntos que son parte de la política de Estado para preservar la integridad física de la Nación y de su territorio, a fin de proteger todos los elementos que conforman el Estado de cualquier agresión producida por grupos extranjeros o nacionales beligerantes”.

Es un hecho notorio que la Canciller públicamente admitió que el gobierno no tiene problema alguno con CICIG sino que con quien lo tiene es con el Comisionado.  Con esto queda clara la ausencia del tercer requisito y la improcedencia de la protección constitucional referida.

.
.