El Siglo

Estatuto anti-terrorista.

No son pocos los países latinoamericanos que han establecido estatutos anti-terroristas.   Francia aprobó en 2017 un nuevo estatuto antiterrorista, bastante polémico en razón de dos situaciones:  a) la posibilidad, en cualquier momento, para las autoridades de quitar la residencia a un individuo considerado peligroso y, b) realizar registros sin autorización judicial.  En la región destacan México y Colombia que por sus  propias condiciones políticas han tenido que echar mano de esta herramienta.

Concretamente en lo que respecta a México,  la reforma para construir el estatuto anti terrorista se intentó realizar durante el gobierno de Felipe Calderón para tratar de regularizar la ´salida´ de los militares al espacio público.  Es cierto, la justificación fue la ´guerra contra el narcotráfico´ pero esa declaración resultaba demasiado ambigua y vaga.   Para orientarla,  justificarla y proveerle de una normativa, Felipe Calderón quiso jugar la carta del terrorismo generado por los cárteles cual justificación. Pero no logró los apoyos necesarios.   Sería hasta 2014 que el Senado mexicano (controlado por el PRI y ahora bajo el mando de Enrique Peña) logró articular el estatuto antiterrorista (artículo 139 del Código Penal Mexicano).  El artículo reza así:.   “Se impondrá pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil 200 días de multa, sin prejuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.

Un artículo lógico, racional y que cumple fundamentalmente con los 4 elementos necesarios para que exista  la concurrencia del tipo delictivo perseguido.  Estos 4 elementos son : 1)  la existencia de una acción consistente en amenazar,; 2) el mal con el que se amenaza ha de constituir un delito, no uno de los delitos que se enumeran, ; 3) la amenaza ha de dirigirse a “los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas” ; 4) las amenazas han de tener la gravedad necesaria para conseguir esa finalidad de atemorizar al grupo.

Esta reforma no daría ningún dolor de cabeza siempre y cuando,  exista un artículo que especifique que  no serán actos terroristas las manifestaciones realizadas por sociedad civil organizada.  En el caso mexicano esa prescripción fue borrada del código penal federal creando entonces un temor más que racional a que el estatuto pudiera de alguna forma justificar el control político de las expresiones sociales.   Los temores no estaban de sobra, dado que,  la nueva ley de seguridad interior (aprobada en 2017) permite ahora los allanamientos sin orden judicial correspondiente efectuados – atención-  por fuerzas militares.   Basta sólo imaginar lo que esto puede representar en plena época electoral.

Si Guatemala va por un camino similar,  habría que apuntar la dificultad de tipificar a las pandillas como grupos terroristas dado que carecen de una ideología que las defina tal cual.  Otra dificultad radica en determinar cómo se afinca la membresía en la pandilla.    Y por último,   es,  fundamental que exista la prescripción de artículo que proteja las expresiones ciudadanas de protesta.

No se vale que viviendo en democracia regresemos al a época donde los ´gorilas´ nos daban de coñazos.

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