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Economía ilegal y corrupción

Funcionarios se apropian de fondos públicos, señala informe. Aumenta la corrupción, Venezuela, Haití y Nicaragua son los países percibidos como los más corruptos de América Latina, mientras que Uruguay y Chile son vistos como los más transparentes según un ranking mundial de la ONG Transparencia Internacional. El ranking apenas se ha movido en la región latinoamericana, algo lamentable porque demuestra, que los gobiernos han hecho poco por empezar a afrontar este problema con entereza. De acuerdo con el ranking, Guatemala tiene 28 puntos muy cercano a Honduras con 29, Nicaragua con 26 y Paraguay con 29, en esta escala el 0 es equivalente a una percepción elevada de los niveles de corrupción al 100 que representa la transparencia o ausencia de corrupción.

Cuando líderes y funcionarios de alto rango abusan de su poder y se apropian de fondos públicos para beneficio personal se socava la democracia como sistema político y el crecimiento económico decrece, por lo que resulta  importante entender de manera integrada  los riesgos que genera la corrupción y la impunidad, el sistema político y legal de un país debe de estar preparado para  actuar con rapidez y eficacia  para colocar barreras a los comportamientos corruptos, de igual forma se debe buscar procesar y  sancionar legalmente a todo aquel que actúe sin transparencia y sentar precedentes legales para el futuro.

De acuerdo con una investigación que realizó Asíes, a la corrupción se le debe sumar lo que es la economía ilegal que está directamente atada a la corrupción y que está relacionada con el contrabando, narcotráfico, extorsiones, trata de personas, tráfico de armas, etc. Criminales que mueven una gran cantidad de dinero que de acuerdo con el planteamiento de Asíes estaría rondando en Q. 15 mil  millones.

Cuando uno suma la economía ilegal y la corrupción que se genera desde el Estado con prebendas y privilegios a redes criminales la suma que se pierde anualmente en el país asciende a un aproximado de Q.25 mil millones, que es el equivalente al 32% del presupuesto nacional de la Nación, dinero que podría servir para mejorar las condiciones en materia de salud, educación, seguridad y trabajo.

Así como tener absoluta claridad que, en el tema de corrupción y manejo de la economía ilegal, participan redes criminales que están enraizadas en el Estado y que utilizan   la corrupción como un medio para mantener prebendas y privilegios.

Resulta vital que la Contraloría General de Cuentas de la Nación mantenga una fiscalización exhaustiva sobre los recursos que se invierten en el Estado en general; pero especialmente en aquellos negocios que generan dudas.

El Ministerio Público debe de continuar sus investigaciones en materia de corrupción y  con prueba suficiente debe poner a disposición de los tribunales a los funcionarios que se han enriquecido de manera ilícita para sentar precedentes  y que las generaciones futuras no participen de este tipo de actos delictivos que afectan la vida de los ciudadanos, porque un centavo que se roben puede significar la muerte de un niño, carencia de medicinas para un hospital o la falta de recursos para el pago del salario de un trabajador del Estado.

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