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Un capítulo más en la lucha en contra la corrupción

Columnista

Ha sido una semana agitada en los tribunales de justicia en Guatemala. Esta semana el capítulo se desarrolló en torno al “Caso Manipulación de Justicia”, mediante la cual se había girado una orden de captura en contra del General Erick Melgar Padilla y quien no había sido aprehendido debido a que coincidentemente solicitó permiso para ausentarse de sus deberes en el Ministerio de la Defensa Nacional. El General Melgar Padilla alegó la existencia de inmunidad por haber sido nombrado “juez” dentro de la estructura militar y finalmente ese motivo causó que la Juez de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, revocara la orden de captura que se había girado.

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La separación del fuero militar con la jurisdicción ordinaria no es un debate común en la sociedad guatemalteca, lo cual convierte el debate jurídicamente interesante. Finalmente serán los tribunales de justicia los que determinarán si los jueces del fuero militar gozan de las mismas inmunidades que los jueces de orden civil.

Más allá de ese debate, esta situación nos ha retratado de forma ilustrada como se desenvuelve esta lucha contra la corrupción que sucede en el país. Como el Ministerio Publico y la Comisión Internacional Contra la Impunidad no tiene margen de error y como los sindicados y las autoridades se coligen para protegerles de las acciones judiciales que se han iniciado en su contra.

El primer retratado en la sucesión de hechos fue el Ministerio de Defensa Nacional y por ende el Ejército de Guatemala. Los principios en que se rige el comportamiento de los miembros del Ejército de Guatemala son los de disciplina y obediencia, sus integrantes, según reza la Ley Constitutiva deben ser apolíticos, obedientes y no deliberantes. El hecho que las autoridades superiores del mismo no supieran del paradero del General Melgar Padilla o no lo revelaran, pone en evidencia la poca seriedad de la disciplina militar y la incapacidad de esta institución de cumplir con sus deberes, ¿si no pueden localizar a uno de los suyos, estamos esperando que cumplan con guardar la integridad del territorio y al seguridad interior y exterior? Me pregunto.

Dejan la percepción que las instituciones del Estado son cómplices de los señalados de corrupción y esta es la nota más lamentable. La institucionalidad queda en segundo plano. El Ejército de Guatemala debería de proyectar principios intachables, lo cual no ha demostrado.

En segundo lugar, se ha dejado claro que el Ministerio Publico y la Comisión Internacional Contra la Impunidad no tienen margen de error. Deben tomar en cuenta que con lo mediático que se han convertido los procesos penales que promueven, cada error puede ser capitalizado para mermar la credibilidad de los procesos en la opinión pública, lo cual sería lamentable pues la lucha contra la corrupción se debe fortalecer y continuar.

Por último, los órganos jurisdiccionales. La resolución dictada por la Juez de Mayor Riesgo A lo que muestra es una clara falta de fundamentar las resoluciones, su pronunciamiento para revocar la orden de aprehensión basado en que “la Constitución no contempla la inmunidad, pero que tampoco la prohíbe”, deja entre dicho la capacidad para argumentar las resoluciones. Los jueces gozan de independencia para emitir sus fallos, pero deben guardar ciertos requisitos, en especial la fundamentación, para que estos sean tomados en serio.

Un capítulo más, que deja algunas lecciones. La lucha contra la corrupción es necesaria en este país y es por eso necesaria la crítica para que todos cumplan su papel en ella.

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