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¿” Secreto” de Estado? I

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¿Podrá la Canciller invocar válidamente el privilegio conocido popularmente como “secreto de Estado” si se realiza su anunciada interpelación sobre la temática de los asuntos existentes entre el Gobierno y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)?

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El artículo 30 constitucional, “Publicidad de los actos administrativos” dice en lo pertinente que: “Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones […] (y) la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional […]”. Se suma a lo anterior el artículo 161 que dispone: “Los Ministros de Estado, tienen la obligación de presentarse al Congreso, a fin de contestar las interpelaciones que les formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquéllas que se refieran a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes.” En otras palabras, su margen de maniobra quedará acotado por el principio general de que “todos” los actos de la administración son públicos y su excepción referida a la naturaleza del acto, cual son los “asuntos diplomáticos” (i) atinentes a “la seguridad nacional” o (ii) que se encuentren “pendientes”.  Opino que ninguna de las dos excepciones concurre para mantener la información en secreto atendiendo al criterio interpretativo que ya ha vertido la Corte de Constitucionalidad.

La Opinión Consultiva del 08.03.2005 (Exp. 2819-2004) sirvió a la CC para interpretar el artículo 30 diciendo que “los asuntos militares o diplomáticos ambos de seguridad nacional, se refieren a aquellos asuntos que son parte de la política de Estado para preservar la integridad física de la Nación y de su territorio, a fin de proteger todos los elementos que conforman el Estado de cualquier agresión producida por grupos extranjeros o nacionales beligerantes”. Y en sentencia del 30.11.2010 (Exps. 1373/ 1412 y 1413-2009) dijo que “en el contexto de la interpretación constitucional siempre debe privilegiarse la intelección que capte de mejor manera la dimensión material de la preceptiva fundamental y […] coadyuve a proteger eficazmente los derechos, valores y bienes jurídicos inmersos en ésta, en abono de su fuerza normativa”, motivo por el que se debe interpretar el artículo 30 “desde la perspectiva amplia y tutelar que aconseja el principio pro homine”.  Dijo también en sentencia del 13.09.1989 (Exp. 178-89), que el “derecho al acceso a la información pública en el ordenamiento jurídico guatemalteco […] supone la posibilidad para cualquier ciudadano de obtener información de la Administración Pública, sin otro interés que acreditar que el que proviene de su propio albedrío como administrado, en conexión con el principio de transparencia de la gestión pública […]. De igual manera, con esos alcances figura concebido el indicado derecho en varios instrumentos de derecho internacional surgidos en el marco de instancias regionales y mundiales de protección de Derechos Humanos, a las que Guatemala está adscrita”. (Continuará).

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