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¿El estado tiene derecho al amparo?

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¿Sería correcto concebir que el ente encargado de garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, puede acudir al mismo método de protección al que acuden las personas físicas cuando ese mismo ente viola esos derechos? ¿Cómo pensar que el Estado, que por mandato constitucional debe proteger a la persona, a la familia y realizar el bien común, podría defenderse de sí mismo?

¿Es correcto reconocer que el Estado puede ampararse contra actos que están revestidos de una presunción de legalidad? ¿Tiene sentido que el Estado acuda a los tribunales de justicia mediante el amparo, con el objeto de pedir protección de su derecho de defensa, cuando este derecho está contenido en la Constitución bajo el título de “derechos humanos”?

Mis respuestas a las preguntas anteriores, en principio, serían: es absurdo que un mecanismo de protección ideado para las personas privadas se extienda también a las personas públicas; es ridículo pensar que el Estado puede pedir protección contra sí mismo, pues en realidad debería estar procurando la protección y defensa de los habitantes; que el mismo hecho de reconocerle derecho de amparo al Estado y sus instituciones contradice frontalmente el principio de legalidad de los actos de la administración pública; y que carece de sentido que el Estado pretenda que se le protejan y garanticen “derechos humanos”.

Me llama la atención la postura del constitucionalista Allan Brewer-Carías, quien dice que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos otorga una amplísima legitimación activa para el amparo. La alusión a las palabras “toda persona” —dice— “implica que las personas de derecho público también pueden ser accionantes, como titulares de derechos constitucionales, como son los de la igualdad, debido proceso o a la defensa. Por ello las entidades públicas pueden ser perfectamente titulares de la acción, por lo cual el tema del amparo no se plantea solo contra el Estado, sino que también los entes públicos pueden ser los que exijan la protección constitucional”.

¿Cómo compaginar la conclusión de Brewer-Carías con la opinión consultiva OC-22/16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual dijo que las personas jurídicas no son titulares de derechos convencionales?

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