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Necesidad de investigar a los prevaricadores de la corte de constitucionalidad

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RAUL FALLA

La Corte de Constitucionalidad es la institución pública encargada de la defensa del orden constitucional y el estado de derecho del país, su función principal es garantizar la certeza jurídica de los actos públicos. Es el máximo tribunal en materia constitucional y se integra con cinco magistrados titulares y sus respectivos suplentes, quienes por mandato constitucional son depositarios de la autoridad, responsables legalmente de su conducta oficial, estando sujetos únicamente a la Constitución y ley.

Sin embargo, todos los guatemaltecos hemos sido testigos de como el ente encargado de la defensa del orden constitucional, ha emitido una serie de aberraciones jurídicas que han desnaturalizado y tergiversado los postulados constitucionales que juraron defender, llegando incluso a limitar el pleno ejercicio de las funciones constitucionales atribuidas a los organismos del estado, así como a usurparlas de forma ilegal.

Los cinco magistrados responsables de atentar en contra del estado de derecho y la certeza jurídica del país, son: Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, su servil asistente, el copy paste Francisco de Mata Vela, María Cristina Fernández García de Pinto Frese, Neftaly Aldana Herrera y Dina Josefina Ochoa Escribá, quienes han sido ilegalmente protegidos por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar in limine y sin fundamento legal alguno, las graves acusaciones promovidas en su contra, generando así un clima de impunidad.

Debido a ese blindaje que protege a estos prevaricadores y que impide a toda costa su investigación, la Fundación Contra el Terrorismo Guatemala, promovió la semana recién pasada ante el Congreso de la República una petición constitucional con el objeto de que ese organismo del estado, active el procedimiento consagrado en el artículo 171 literal “m” de la Constitución Política de la República, y proceda a conformar una comisión de investigación, que será la encargada de verificar cada una de las actuaciones ilegitimas emitidas por la Corte de Constitucionalidad, para que final se conozca el informe, y en su caso se promueva la acción de antejuicio en contra de estos sinvergüenzas, a efecto de que sean procesados y encarcelados por haber utilizado el cargo público para retorcer la Constitución y la ley.

Desde luego, la presentación de esta petición constitucional que tiene por objeto investigar a los Magistrados prevaricadores, azuzó a uno que otro servil maquilador de amparos ilegítimos, para salir corriendo y buscar socorro en las enaguas de la propia Corte de Constitucionalidad, quien ahora se convertirá en juez y parte de la acción promovida por la Fundación Contra el Terrorismo Guatemala.

Por ello, ante el inminente riesgo de que la Corte de Constitucionalidad se auto otorgue la protección constitucional solicitada por el abogaducho del non grato y de esa forma se impida la conformación de la comisión de investigación, el Congreso de la República deberá hacer valer aquel principio constitucional que taxativamente establece, que nadie está obligado a obedecer ordenes ilegales y que las funciones y atribuciones reguladas en la Constitución Política de la República a los organismos del Estado no son facultativas, son imperativas, es decir de cumplimiento obligatorio.

Así que la gobernabilidad del país en este momento se encuentra en manos del Congreso de la República, quien tendrá la obligación constitucional de conocer, tramitar y resolver la petición constitucional promovida, de forma valiente, ética y jurídica, recordando que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, no en la Corte de Constitucionalidad.
No al #PactoDeTerroristas.

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