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La CC y el delito de financiamiento electoral ilícito

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Este lunes la Corte de Constitucionalidad resolvió (expediente 2951-2017) una acción de inconstitucionalidad promovida en contra del segundo párrafo del artículo 407 “N” del Código Penal, delito de financiamiento electoral ilícito (toda contribución recibida en forma anónima o que no se registre en el libro contable de la organización política). El argumento principal del interponente era que se violaban los principios de seguridad jurídica y de legalidad, ya que se tipifica el delito, pero no se establece ninguna pena.
La Corte explica la estructura de la norma que contiene el delito de financiamiento electoral ilícito. Indica que dicho delito puede cometerse de dos formas: como lo establece el primer párrafo (aportar, recibir o autorizar recibir aportes provenientes de actividades ilícitas), y como lo establece el segundo párrafo (contribuciones anónimas o no registradas). Concluye la Corte que la pena dada para la primera forma de comisión (prisión de 4 a 12 años inconmutables más multa de hasta Q500,000) se debe aplicar a la segunda forma, y que por eso no es inconstitucional la norma.
Sin embargo, después de declarar sin lugar la acción, la Corte dice que buscará una “solución interpretativa” que permita conservar la norma impugnada. Reconoce que la norma, así como está redactada, puede aplicarse irracional, desproporcionada o injustamente, pues las dos formas de comisión del delito son distintas. La primera forma es más grave que la segunda. Se distinguen, dice la Corte, a tal punto que la segunda forma de comisión incluso podría no ser delito, sino que tan solo una falta administrativa (art. 90 Ley Electoral y de Partidos Políticos).
En tal virtud, la Corte puntualiza (sin ordenar o exhortar) que le corresponde al Organismo Judicial tener en consideración que dicha forma de comisión es menos grave que la primera. Y “exhorta” al Congreso (¡y a sus diputados!) a reformar el segundo párrafo de la norma impugnada porque, en otras palabras, así como está, la pena es desproporcionada, irracional e injusta.
No es la típica sentencia exhortativa o interpretativa. ¿Mantuvieron el delito -a pesar que ellos mismos reconocen su inconstitucionalidad al ordenar al Congreso su modificación- solo porque Jimmy Morales es acusado de este delito?

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