Home > Columnas > Disección II

Disección II

///
Comments are Off

En el auto que decretó el amparo provisional y “manda” al Congreso de la República realizar un nuevo proceso para elegir a su Junta Directiva para el período 2018-2019, omitió la Corte de Constitucionalidad dar audiencia a cada uno de los integrantes de la junta directiva que habían sido previamente electos. Merece atención este punto porque “la defensa de la persona y sus derechos son inviolables… (y) nadie podrá ser… privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio…”

.

Cabe recordar al respecto las dos sentencias de amparo que profirió la CC el 19.10.1990 al conocer de la negativa del Tribunal Supremo Electoral para inscribir a José Efraín Ríos Montt y Harris Howell Thadeus Whitbeck Piñol como candidatos a la Presidencia y Vicepresidente de la República por la coalición del Partido Institucional Democrático (PID), Frente de Unidad Nacional (FUN) y Frente Republicano Guatemalteco (FRG).  En la primera (Expediente 280-90) les negó legitimación activa como candidatos individualmente considerados argumentado que, de acuerdo con la LEPP, únicamente los partidos políticos y los comités cívicos electorales “tienen la legitimidad para representar las individualidades que por disposición de la ley tienen unificada personería en una entidad”.  Sin embargo, muy bien se cuidó de hacer constar que sí “fueron tenidos como parte” dentro del amparo solicitado por la coalición y con ese motivo “pudieron argüir todo lo que estimaron conveniente a sus intereses.”  En la segunda sentencia (Expediente 281-90) les negó la calidad de agraviados argumentando que, en materia electoral, los partidos políticos son quienes representan a los candidatos como individuos.

El Magistrado Héctor Horacio Zachrisson Deschamps razonó su voto en ambas sentencias. Del primero recojo estos pasajes: “No puede hablarse de la existencia de un “proceso” que no esté regido por los principios de CONTRADICCION E IGUALDAD. Por esto la Constitución garantiza el derecho de acción y el derecho de defensa a través del derecho que todos tienen a un proceso con todas las garantías, de las cuales la de audiencia es primordial […] solicité del pleno se conociera, en primer lugar, sobre el DERECHO DE AUDIENCIA que es reclamado, (privación del derecho fundamental de participación política, derecho que dije corresponde a los ciudadanos postulados y proclamados candidatos para esos cargos públicos de elección popular, y no a los partidos políticos que los postularon y proclamaron que solo son cauce legítimo para llevarlos a esa participación) al haber sido estos ciudadanos afectados directamente en el ejercicio de un derecho fundamental sin las garantías del “DEBIDO PROCESO”, al negárseles el derecho a ser oídos, (garantía de audiencia) vulnerándose con ello y en su personal agravio, el contenido esencial de los derechos que la Constitución les otorga como tales ciudadanos a elegir y ser electos y el de optar a cargos públicos (artículo 136 Constitucional) violándose además los artículos 12 Constitucional, 4 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

TEXTO PARA COLUMNISTA
.
.