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Política criminal versus política social

Hace unos días, el nuevo ministro de Gobernación anunció que solicitaran que las maras del Barrio 18 y Salvatrucha sean declaradas organizaciones terroristas por parte del Organismo Legislativo a través de reformas al Código Penal, y a la vez solicita al Departamento del Tesoro de EEUU incluirlas en la lista OFAC.

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No se puede negar que esas dos maras son de los grupos criminales que más aportan al alto índice de violencia en Guatemala, manteniendo con temor a la población por las extorsiones que dirigen a cualquier persona o empresa. También son responsables del desplazamiento forzado de familias enteras en muchas zonas de la capital y en varios departamentos.

Es cierto que el poderío de estas estructuras criminales no ha podido ser frenado por el Estado, pero de ahí con que con estas medidas se vaya a solucionar el problema, dista mucho.

La propuesta del ministro es un ofrecimiento populista, porque medidas simplistas y a través del derecho penal, nunca pueden ser eficaces; más parece un ofrecimiento del catálogo de “mano dura” y otro ejemplo lamentable de expansión del derecho penal.

Desafortunadamente muchos políticos tienen estas promesas encaminados a ganar aceptación popular, demagógicamente dando atol con el dedo, aprovechándose de la emoción y el descontento de la población, pero que no son eficaces.

Si bien el crimen es una creación humana, pues será delito todo aquello que los legisladores así decidan, es por ello mientras más delitos existan, más criminales habrá. Sin embargo, hay conductas relevantes que merecen ser contravenciones, pero el peso de combatirlo no recae únicamente sobre una medida, sino que éstas deben ser integrales y racionales para disminuirlo del mejor modo posible.

El caldo de cultivo que provoca el fenómeno criminal en Guatemala, y especialmente el problema de las maras, sin lugar a dudas y en primera línea, es la desigualdad, la pobreza y desempleo, por eso a la par de políticas criminales deben existir políticas sociales para combatir las causas que lo provocan y prevenirlo.

Desafortunadamente los países se deciden por políticas criminales y no sociales, porque son las más atrayentes y útiles para ganar adeptos, y además de ser baratas y mientras las segundas son caras -aunque lo barato sale caro- y lamentablemente esa decisión la paga la población con dolor y sangre.

Se requiere replantear el modelo de seguridad ciudadana, el cual no debe asentarse sobre una política criminal que dispone de soluciones simplistas, sino donde lo políticamente correcto sea implementar políticas sociales.

Es preciso impulsar programas y proyectos de prevención social del delito, que para ser efectivo precisa de un modelo basado en relaciones sociales y económicas justas, democráticas y armónicas, donde se brinde cobertura con servicios sociales de calidad a necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda, educación y seguridad social, lo que constituyen herramientas fundamentales para el mantenimiento de la paz y que toda la población mejore su calidad de vida.

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