El Siglo

La Santa Inquisición ataca de nuevo

El Tribunal del Santo Oficio fue establecido en 1184 mediante la bula del papa Lucio III  Ad abolendam, como un instrumento para acabar con la herejía cátara., los primeros procedimientos consistían en una ceremonia llamada de “Juramento”, en la que, como lo dice el nombre, los asistentes juraban denunciar a todas las personas que consideraran sospechosas y prestar al tribunal la ayuda que pidiese, pero, además, al concluir esa ceremonia se daba lectura a un edicto de los inquisidores, llamado Edicto General de Gracia, por el cual se conminaba a quienes se sintieran culpables a denunciarse dentro de un plazo fijado so pena de excomunión mayor. En el edicto se indicaban con minuciosidad los hechos considerados punibles y se les prohibía a los confesores dar la absolución a los que de algún modo no hubieren cumplido con aquel mandamiento.

La Inquisición fue un tribunal eclesiástico establecido en Europa durante la Edad Media para castigar los delitos contra la fe. Sus víctimas eran las brujas, los homosexuales, los blasfemos, los herejes (cristianos que niegan algunos de los dogmas de su religión) y los acusados de judaizar en secreto. Los acusados eran interrogados, a veces mediante torturas, y castigados si se les encontraba culpables, requisándose sus bienes. También, se podían arrepentir de su acusación y recibir la reconciliación con la iglesia.

Según la Iglesia católica, se adoptó el método de la tortura (lo cual era socialmente aceptado en el contexto de la época) solo en casos excepcionales. El procedimiento inquisitorial se regulaba minuciosamente en las prácticas de interrogación. No todos los métodos de tortura aceptados civilmente eran aceptados por la Iglesia católica y para que un acusado fuese enviado a tortura, debía ser perseguido por un crimen considerado grave, y el tribunal debía tener también sospechas fundadas de su culpabilidad.

A pesar del uso de la tortura, el procedimiento inquisitorial representa un avance en la historia de la legislación. Por un lado, definitivamente descartó el uso de la ordalía como medio de obtención de pruebas, reemplazándola por el principio de prueba testimonial, el cual todavía tiene vigencia en las legislaciones de la actualidad. Por otro lado, se restablece el principio del Estado como fiscal o parte acusadora. Hasta ese tiempo, era la víctima la que tenía que demostrar la culpabilidad de su agresor, incluso en los procedimientos criminales más graves, esto frecuentemente era muy difícil cuando la víctima era débil y el criminal poderoso. Pero en la Inquisición la víctima no es más que un simple testigo, tal y como sucede en la actualidad. Era la autoridad eclesiástica quien ahora tenía sobre sí la carga de la prueba

En nuestro bello país, actualmente se vive momentos de crisis debido a las prácticas de imposición que ha destacado a la Corte de Constitucionalidad, al abrogarse poderes y derechos que no le corresponden, pues se ha dado a la tarea de inmiscuirse en los otros poderes del estado al tratar de subordinarlos a ella, sin que le competa, pues de acuerdo con la Constitución Política de la República, NINGÚN PODER DEL ESTADO, DEBE ESTAR SUBORDINADO A OTRO.

Nuevamente las minorías autodenominadas Sociedad Civil, apadrinadas por el Ministerio Público la CICIG y Embajadas aliadas a ellos, remontan sus ataques para provocar un LAWFARE (Golpe de Estado Blando), tratando de defenestrar el orden constitucional, que no han sido capaces de alcanzar por la vía electoral y que nunca alcanzarán, en Guatemala.

Es tiempo que los guatemaltecos asumamos con responsabilidad el futuro que queremos heredar a nuestros hijos y apoyemos el orden constitucional y sus poderes electos por la vía democrática, que nos guste o no representan a los guatemaltecos que los eligieron, no permitamos que poderes externos nos conduzcan por el camino que ellos quieren provocando la caída de la economía y por demás demostrado luchan por provocar la caída del gobierno electo democráticamente.

Por una nación libre, soberana e independiente.

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