El Siglo

“Dos más dos, no siempre suman cuatro” Mayra Véliz, secretaria general del Ministerio Público

En días recientes la población guatemalteca se sorprendió ante la noticia de la compra de un edificio por parte del Ministerio Público, por la flamante suma de treinta y cinco millones de quetzales. Rápidamente los medios de comunicación, así como las redes sociales informaban que el millonario edificio albergaría la Fiscalía Regional, la Unidad de Métodos Especiales de Investigación y otras oficinas administrativas.

Varios sectores de la población se indignaron ante la opulenta compra, pues, es de conocimiento general que los salarios que devengan los agentes fiscales no son acordes a las responsabilidades y peligros que día a día enfrentan, sumado a ello, las precarias condiciones en que prestan sus servicios, donde no cuenta tan siquiera con papel para imprimir las denuncias y declaraciones de los agraviados, mucho menos con un lugar de trabajo digno y seguro, así como un vehículo en buenas condiciones que les permita cumplir su misión de forma eficiente.

Al analizar la compra multimillonaria, puedo aseverar sin temor a equivocarme, que la misma es lesiva para los intereses del Estado primero, porque el precio de la vara cuadrada y el metro de construcción en la zona, no es el que se justipreció y pagó producto de la venta, con lo cual tenemos ya un fraude por sobrevaloración. Segundo, porque de forma conveniente declararon desiertos dos eventos de licitación, para de esa forma obligar a utilizar el mecanismo de compra directa. Tercero, las condiciones que ofrece el edificio no son aptas para las funciones que desarrollará, y así lo hizo ver la asesora jurídica en un principio, quien con posterioridad fue removida de su cargo por otra que sorpresivamente emitió un dictamen favorable. Cuarto, en vez de haber erogado la millonaria cantidad por la compra de ese edificio, lo correcto y legal habría sido, solicitar a la Secretaría de Extinción de Dominio, la adjudicación de algún edificio recién extinguido o en proceso de extinción que cumpliera con ese fin.

Saltarse los procedimientos legales regulados en la Ley de Compras y Contrataciones, así como las gestiones ante la Secretaría de Extinción de Dominio, hacen que la compra del citado bien inmueble, sea opaca y perjudicial para los intereses patrimoniales del Estado.

Lo más delicado de todo, es que la propia Secretaría General del Ministerio Público, Mayra Véliz López, así lo ratificó al indicar ante un medio de comunicación, que en asuntos de compras y contrataciones del Estado, no siempre dos más dos, suman cuatro y que en todo caso está la vía administrativa para impugnar la compra. Vaya si no es un comentario desatinado el de la representante del Ministerio Público, entidad que tiene tras las rejas a cientos de guatemaltecos por hechos de menor trascendencia y sin agotar el procedimiento administrativo previo. ¡Justicia selectiva!.

Por ello genera dudas, que el Ministerio Público y los grupúsculos de supuestos activistas sociales, no se rasguen las vestiduras para reclamar ante los medios de comunicación y las redes sociales, por ejemplo la falta de transparencia en la compra del citado edificio a todas luces ilegal. Por el Bono Revolucionario que la emperatriz de la Corte de Constitucionalidad Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, se auto recetó por la cantidad de poco más de ocho millones de quetzales, y que a la fecha se niega a devolver. O, el caso de las diez camionetas de lujo, valoradas en más de diez millones de quetzales compradas en la administración de Solórzano Foppa, así como, el jugoso salario de cincuenta mil quetzales mensuales que devengó su asesor cubano en materia de impuestos. Y que decir de los veinte millones de quetzales que el non grato se embolsó en estos cuatro años al mando de la CICIG, con un resultado mediocre en la lucha en contra la corrupción y la impunidad.

Tomando en cuenta que es imposible que el Ministerio Público se investigue a sí mismo, resulta de vital importancia que el abogado del Estado, promueva de forma urgente las acciones judiciales correspondientes para declarar lesivo el contrato de compraventa de ese edificio, por dañar de forma grave el peculio del Estado. Sin embargo, dudo mucho que la actual Procuradora General de la Nación, cumpla con su deber constitucional, pues la mima es afín a los intereses de los que conforman el pacto de terroristas, quienes pretenden a toda costa defenestrar al Presidente de la República para colocar en su lugar a un aliado que comparta sus intereses ideológicos.

Por lo cual, resulta sumamente urgente que el Presidente de la República destituya a la Procuradora General de la Nación, y de inmediato nombre a un abogado valiente y comprometido con los intereses de la nación, pues, en caso contrario, el mandatario será el único responsable de la grave crisis que enfrentará el país por su falta de determinación.

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