El Siglo

Que cumpla con su cometido

Es inconcebible que los diputados y sus “asesores” hayan olvidado algo tan importante como es que el artículo 50 de la Ley Organismo Legislativo, reformado recientemente por el Decreto 14-2016 del Congreso, dice que “El diputado electo por un determinado partido político, que en el ejercicio de su función renuncie por cualquier motivo al partido político que lo postuló o al bloque legislativo al que pertenece, o sea separado por cualquiera de los mismos, no podrá ser miembro de Junta Directiva”. ¡Y eso que “contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario”, como dice el artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial!

A la luz de lo anterior pregunto: ¿Cuál ha sido en este caso la actitud del Ministerio Público? Porque existe un sólido fundamento, fáctico y legal, para impugnar perentoriamente la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República como consecuencia de que existe un impedimento legal motivado por el transfuguismo –que, dicho sea de paso, es un hecho público y notorio— y que afecta a varios de sus integrantes. Sin embargo, lo está conociendo la Corte de Constitucionalidad por virtud de una acción de amparo promovida por Acción Ciudadana. (Prensa Libre, 19.01.2018).

Fue clara la intención del legislador constituyente al atribuirle al Ministerio Público la tarea de “velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país” (Art. 251) calificándola como una de sus principales finalidades.  Este deber in vigilando no le significa esperar pasivamente que sean otros los que actúen para limitarse luego presentar sus alegatos finales el día de la vista. ¡Nada de eso! El deber que le impuso debe realizarlo de manera permanente, pronta y cumplida; y jamás esperar que terceras personas sean quienes le saquen las castañas del fuego. Eludirlo le significa incurrir en “incumplimiento de deberes”, agravado además por tratarse de una obligación constitucional.

Es preciso que el Ministerio Público cumpla el principio enunciado en el Preámbulo –el techo ideológico—de la Constitución, cual es impulsar un orden institucional “donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al Derecho”.  Y también debe tener muy presentes las disposiciones constitucionales que disponen que el ejercicio del poder “está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley” (Art. 152) y que todos los funcionarios “son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”. (Art. 154).

En menos un año la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la elección de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia; enmendó el proceder del Presidente de la República cuando pretendió declarar persona non grata al Comisionado de la CICIG.  Ahora deberá pronunciarse sobre la validez de la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República. ¿En qué mundo vivimos? Pero lo más preocupante es la displicente y timorata actitud del Ministerio Público porque, como lo dijo ya muy claro Rudolf von Ihering: “Desde el momento en que el derecho abandona su disposición combativa, se sacrifica a sí mismo.”

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