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La opinión consultiva de la Corte Interamericana

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En noviembre de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó la Opinión Consultiva OC-24/17 relativa al derecho a la identidad de género y a la no discriminación a parejas del mismo sexo. Lejos de lo relativo a si se está de acuerdo o no con la interpretación que de la Convención Americana sobre Derechos Humanos hizo la Corte, me gustaría centrar el análisis en algo que ha generado bastante controversia. ¿Son o no vinculantes para los Estados Parte del Pacto de San José las opiniones consultivas de la Corte Interamericana?

Preliminarmente, quisiera dejar claro que a mi parecer lo correcto no es hablar de la vinculatoriedad de las opiniones consultivas, sino hablar de si las opiniones consultivas son fuente obligatoria para ejercer el control de convencionalidad. Son cosas distintas, pero para efectos de este artículo trataré las ideas indistintamente.

Al tenor del artículo 64 del Pacto de San José, el procedimiento de la opinión consultiva está destinado a facilitar a los Estados Miembros y a los órganos de la OEA la obtención de una interpretación judicial sobre una disposición de la Convención Americana o de otros tratados de derechos humanos en los estados americanos. En otras palabras, en las opiniones consultivas no hay controversia o solución de conflicto, víctimas o condena contra un Estado.

Veamos la posición de la Corte Interamericana en relación al tema. Hace más de 30 años, en la opinión consultiva OC-3/83 la Corte mencionó que ella “en este ámbito [consultivo], cumple una función asesora, de tal modo que sus opiniones no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa” (párrafo 32).

Ahora bien, en la opinión consultiva OC-21/14 emitida hace un poco más de tres años, la Corte explicó que, conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado (como la Convención Americana), este se obliga a que todos sus órganos respeten las disposiciones de ese tratado. Que de esa cuenta es “necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva” (párrafo 31).

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