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Algunas ideas previas sobre el necesario impulso de la Economía Circular

Por siglos se ha relacionado el bienestar de los pueblos con el crecimiento lineal de su economía, pero muy pocas veces se ha analizado la correlación existente entre dicho crecimiento y como este influye inversamente en su patrimonio natural. En las diversas variables que se toman en cuenta para medir el crecimiento económico no se observa el agotamiento de los ecosistemas por lo tanto  la conservación  o regeneración de los mismos, o bien el nivel de cumplimiento ambiental de un determinado sector.

En Guatemala, se estima  que  existen alrededor de  3 mil 200 normativas vigentes relacionadas al medio ambiente, más  de 250 tratados internacionales suscritos y un capítulo exclusivo a los recursos naturales y ambiente en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.  En el Congreso de la República hay al menos 20 iniciativas de ley más.   Sin embargo por  los indicadores ambientales de país, puede inferirse que el nivel de  incumplimiento es sumamente alto.  A su vez existen  vacíos legales, como la falta de regulación del agua, del uso de suelo, emisiones vehiculares y la disposición de residuos líquidos y sólidos.

Estos instrumentos regulatorios han sido diseñados bajo la premisa de “Quien contamina paga”, sin embargo a lo largo del tiempo está más que comprobado que   en sociedades como la nuestra,  dicha premisa por diferentes motivos no siempre se cumple y a veces aunque se paguen las faltas a la legislación, los daños a los ecosistemas son irreversibles.  Por tal razón debe recurrirse a otras formas de pensamiento, como las iniciativas voluntarias de cumplimiento, las cuales han sido usadas desde  la década de los años ’90,   fortalecido con las corrientes de Responsabilidad Social Empresarial y de manera más reciente con la Norma ISO 26,00.00 referida a la Responsabilidad Social aplicables a cualquier organización en general, sean estas de carácter público o privado.

Estas iniciativas han  pasado a ocupar un lugar importante en la creación de nuevos instrumentos y herramientas que permiten y facilitan el logro de objetivos de sostenibilidad ambiental por parte de las organizaciones, balanceando y potenciando  diferentes aspectos relacionados directa o indirectamente con la producción, el aumento de la eficiencia, la eficacia  y el cuidado al  medio ambiente, estás pueden ser implementadas por los sectores económico productivos, en conjunto con los gobiernos o con otros entes representativos de la sociedad tal es el caso de las universidades.

Es importante que desde las autoridades competentes, se fomenten  las iniciativas de acuerdos voluntarios  que se han aplicado en muchos países  y que han ha coadyuvado a mejorar la aplicación de los instrumentos regulatorios en diversos sectores económicos productivos, aunque existen algunos avances al respecto necesitan sumarse más actores a este esfuerzo.

En este sentido debe orientarse una política pública que oriente  a los diferentes actores en la economía del país, al impulso de una económica circular, como concepto que se incluye en el marco del Desarrollo Sostenible y cuyo objeto es “la producción de bienes y servicios al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía.”[1]

Dicha política  debe contribuir a que los sectores productivos del país en especial los pequeños  y medianos, tengan ventajas comparativas que les permita alcanzar y mejorar su posición en el entorno económico para propiciar una mejora en su calidad de vida sin comprometer el equilibrio ecológico actual y futuro.

[1] Introducción a la Economía Circular, www.fundaciondelaeconomiacircular.org

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