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El Congreso la tiene difícil

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Su Preámbulo –el techo ideológico de la Constitución—expresa el propósito de crear “un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al Derecho”; su artículo 12 reconoce que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, “sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido” y todo lo anterior lo fortalece diciendo en su artículo 44 que son nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos constitucionalmente garantizados.

La Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos –ley ordinaria, es decir de rango inferior a la Constitución—dispone en el inciso a) de su artículo 12 que: “El Congreso de la República con el voto de las dos terceras partes del total de Diputados, hará cesar en sus funciones al Procurador y declarará vacante el cargo por […] Incumplimiento manifiesto de las obligaciones que le atribuye la Constitución y esta Ley.”  Nótese bien la exigencia legal: (i) incumplimiento y (ii) que el incumplimiento sea “manifiesto”: esto es “evidente”, “notorio”, indubitable. Ambos requisitos exigen la probanza y demostración de hechos omisivos. Ante esta barrera no puede el Congreso de la República destituir al PDH limitándose a invocar simplemente la causal de “incumplimiento manifiesto” de sus obligaciones, haberlo citado y vencido, previa audiencia.

Y es que, “ninguna persona puede ser juzgada […] por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente” (como sucede en este caso). Y si bien la ley ordinaria faculta al Congreso para destituir al PDH omite, en cambio, regular el procedimiento para hacerlo.  Por tal motivo el Congreso está más que obligado a concederle audiencia previa al PDH para que se defienda. ¡Exigencias de la garantía constitucional al debido proceso! Lo mismo aplica para la protección del Contralor General de Cuentas, del Fiscal General y del Procurador General de la Nación (artículos constitucionales 233, 251 y 252) ¡Sex lex dura lex! dice el aforismo latino.

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