El Siglo

Actualización de la muerte

Hace  pocas semanas, con ocasión del día de los Inocentes y del día del Niño no nacido, la entidad Derecho a Vivir denunció el “pacto de silencio” ante el aborto. Se refiere a España, pero lastimosamente es tema que afecta a todos, también a Guatemala,

La doctora Gádor Joya, su portavoz declaró que quería recordar a todos los niños que mueren en España y en todo el mundo por culpa del aborto. Denunció que debemos seguir  recordando a la sociedad la traición de los políticos y su pacto de silencio ante el aborto, así como de los medios de comunicación y del propio Tribunal Constitucional, que lleva ya más de siete años sin pronunciarse ante el recurso de inconstitucionalidad presentado, y que hoy tendrá que cargar sobre sus espaldas la muerte de unos 100.000 niños al año en España.

Y calificó como deplorable que el Gobierno siga permitiendo la financiación de la matanza diaria de cientos de inocentes con el dinero de todos los contribuyentes. Insistió en la necesidad de derogar la ley del aborto que conculca el derecho a vivir de los niños ya concebidos y no contempla ayudas a las madres embarazadas que lo necesitan y se ven abocadas al aborto.

Vale la pena recordar este tema, por la raíz profunda de desmoralización que sufrimos en la sociedad ante el desprecio de la vida humana, manifestado en prácticas como el aborto o la eutanasia. La aceptación social y legal del aborto, primero, y de la eutanasia, después, constituye una especie de Big Bang social.

Y es que si una sociedad juzga tolerable, si da por bueno eliminar el embrión en el seno materno o acabar con el ya nacido cuya vida no reúne la calidad deseable −en los Países Bajos ya se permite la eutanasia infantil-, las demás infracciones acabarán pareciendo desviaciones sin importancia. Y entonces nos parecerá normal evadir impuestos, pagar o cobrar comisiones, prevaricar, mentir o robar al electorado, a los accionistas, al cónyuge, a los clientes o proveedores. Una vez que se atropella el derecho a la vida, los demás derechos quedan disponibles; y cualquier argumento justificará su vulneración.

En esta línea, recientemente en un Congreso Médico se hacía notar, con anuencia de todos, que el aborto es hoy la primera causa de muerte en el mundo y la  principal manifestación de pobreza de la sociedad actual, porque empobrece el estado de derecho, es decir, la seguridad y la paz que el Estado se compromete a resguardar. El aborto equivale a la muerte del estado de derecho, ya que impone la violencia y el homicidio, determinando que el niño en el vientre materno, el ser más débil de la sociedad, sea eliminado.

Porque la vida humana ya en su fase inicial y en todas sus fases y todas las edades, es sagrada y siempre de calidad. Y esto se ve claramente por la razón y lo confirma la ciencia. La credibilidad de un sistema sanitario no es medida solo por la eficiencia, sino sobre todo para la atención y el respeto hacia las personas, cuya vida siempre es  inviolable. No se puede exterminar personas con el aborto provocado.

Lamentablemente –por ignorar estas verdades- a veces parece crecer el aborto… no podemos permitirlo: va en ello la vida de estas personas abortadas y la vitalidad de la entera sociedad.

 

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