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Rompamos el círculo de la corrupción

Una lucha se ha abierto para frenar la nefasta cultura de corrupción que aqueja al país. Rumor a voces y experiencias de muchos es que el sistema está infestado por personajes que se aprovechan del espacio que ocupan en la administración pública para promover actividades ilícitas; por otro lado, están aquellos particulares –personas y empresas- que con las mieles del dinero emboscan y manipulan con el objeto de fomentar estas prácticas.

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Uno de los factores más importantes de que el sistema esté corrompido, es que las personas con poder de decisión, especialmente aquellos que llegan por cargos de elección popular, no toman cartas en el asunto. Algunos de ellos fomentan estas prácticas y, obviamente, se aprovechan de ellas.

Entre las reclamaciones ciudadanas, se ha identificado que el sistema electoral es uno de las piezas que permite que el círculo de la corrupción no se cierre. Importante es porque los actores políticos que logran terminar en los puestos públicos de elección popular utilizan distintos métodos para recuperar las “inversiones” (reluciendo el sarcasmo) de las campañas electorales y para salir de los puestos con más patrimonio que con el que entraron (y que pudieran generar en una actividad privada, lícita, según su alcance).

La República del Perú esta semana dio un paso, agigantado, que muestra una clara postura frente a los personajes que han estado involucrados en casos de corrupción. El martes 9 de enero, publicaron la Ley No. 30717 que modifica sus leyes eleccionarias a nivel nacional, regional y local, para promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos. Con la promulgación de esta ley se limita a los candidatos que hayan sido condenados a delitos relacionados con el terrorismo y aquellos relacionados con la corrupción.

En nuestro ordenamiento jurídico, los requisitos para cargos de elección popular están contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Los requisitos positivos pasan por condiciones de edad, estar en el libre ejercicio de los derechos civil y la nacionalidad. Mientras que las limitaciones son puntuales para cada cargo, ya sea Presidente y Vicepresidente o para los diputados del Congreso de la República.

Sin embargo, en las recientes resoluciones administrativas y constitucionales relativas al proceso electoral, que abordan los requisitos. También se considera que les es aplicable la disposición general que regula el derecho de optar a empleos o cargos públicos, que sentencia: “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.”

No existe más obviedad que aquellas personas que han sido condenadas por delitos relacionados con la corrupción no cumplen con ser idóneos, ni tampoco satisfacen el requisito de honradez. Es por ello que una disposición similar sería replicable en nuestro sistema normativo. Una norma que reforzaría una política de lucha contra la corrupción. En Perú, y en Latino América en general, al igual que en Guatemala, se están haciendo esfuerzos para luchar contra este fenómeno que tanto daño le hace a nuestros países.

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