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Ley del servicio diplomático

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Informa elPeriódico (08.01.18) que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso dictaminó a favor de aprobar algunas reformas de la Ley de Servicio Diplomático; con tal motivo me interesa formular algunos comentarios.

Uno: “tendrían derecho” a usar pasaporte diplomático “únicamente diputados, funcionarios de gobierno y diplomáticos de carrera, todos mientras durante en sus puestos”, dijo la Presidenta de la Comisión; lo que me parece inconveniente para los intereses del país. El internacionalista uruguayo Juan Zorrilla de San Martín, desde 1900, advirtió que “no es conveniente conferir carácter diplomático a quienes no vayan dispuestos a servir con él a la nación, y, muy especialmente, a quienes no se dan cuenta muy exacta de toda la responsabilidad que contraen para con su país al aceptar ese carácter y hacer uso de él en el extranjero.”  (Discursos, artículos y notas de Derecho Internacional Público, Montevideo, 1955).  A lo anterior precisa agregar que si bien el cargo de diputado “es compatible con el desempeño de misiones diplomáticas temporales o especiales”, el otorgamiento del pasaporte diplomático se justifica para ese único propósito; pero ello, a la luz de del artículo constitucional artículo 164, no justifica extenderlo como un privilegio adicional e inherente a la calidad de diputado. A lo dicho agrego que los privilegios que confiere un pasaporte diplomático en la actualidad no son reconocidos por terceros Estados a menos que el titular se encuentre acreditado debidamente; de manera que semejante documento –visto desde el punto de vista guatemalteco—se convertirá en una “tarjeta de descuento fiscal” válida dentro del territorio nacional; y en una fuente de responsabilidades para la República de Guatemala, en el caso de los “clavos” que suelen protagonizar los “Padres de la Patria”.  Lo mismo aplica para los pasaportes conferidos a funcionarios de gobierno para quienes no se justifican: para eso existen los llamados pasaportes oficiales.

Dos. Habida cuenta que “el Presidente de la República tendrá derecho a colocar el 25 por ciento de embajadores y cónsules en el extranjero, el resto estará en manos de los profesionales registrados en Cancillería”. Esto, de hecho implica reducir el poder que actualmente ejerce a la luz del artículo constitucional 183, literal s), en armonía con los artículos 8 y 26 de la Ley del Servicio Diplomático de la República de Guatemala.  En contrapartida hará que ciertas y determinadas Embajadas se tornen ultra-privilegiadas para un “dorado exilio” o como “golosinas políticas” por determinados servicios.

Mi propuesta es que todo nombramiento que haga el Presidente de la República en uso del porcentaje así conferido sea aprobado previamente por el Congreso de la República, porque significa una excepción a la regla general; implica un privilegio para el favorecido y una discriminación en perjuicio de quienes pertenecen al Escalafón de la Carrera Diplomática.  La intervención del Congreso de la República en estos casos –equivalente al advise and consent establecido en la Constitución estadounidense—permitiría ejercitar un control democrático sobre el mérito de cada nombramiento.

TEXTO PARA COLUMNISTA
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