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Una fiscal general impuesta por Thelma Aldana

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RAUL FALLA

Thelma Esperanza Aldana Hernández, fue designada para cumplir con el cargo de fiscal general por el plazo constitucional de cuatro años, el cual vencerá el día 14 de mayo del año 2018, fecha en que un nuevo colega deberá tomar posesión del cargo en el Ministerio Público.

Por ello, el día de ayer llamó la atención de todos los guatemaltecos, el acuerdo emitido por la Fiscalía General, por virtud del cual la fiscal general, Thelma Aldana, decide por sus pistolas designar como fiscal general sustituta a la abogada Wendy Patricia Ordoñez, quien casualmente resultó ser la esposa del incompetente ministro de Gobernación Francisco Rivas Lara, para que en su ausencia, asuma el cargo de fiscal general hasta el 31 de diciembre de este año, a pesar de que el período constitucional vence el 14 de mayo del año en curso.

La sustitución que se pretende realizar a través de este acuerdo ministerial es inconstitucional, pues, la ausencia permanente en el cargo de fiscal general, no puede ser suplida por designación que haga la propia fiscal a quien se va a sustituir, toda vez que para ello existe el procedimiento jurídico consagrado en la Constitución Política de la República, el cual en congruencia con la primera parte del artículo 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, establecen claramente, que en caso de ausencia definitiva, remoción o renuncia del fiscal general, será el presidente de la República quien nombrará al sustituto, de la nómina de los seis candidatos enviada por la Comisión de Postulación, a efecto de que finalice el periodo constitucional para el cual fue designado el sustituido. ¡Ni un minuto más! A este respecto, bastará recordar el caso del abogado Conrado Arnulfo Reyes Sagastume, quien fue defenestrado de forma ilegitima por la Corte de Constitucionalidad, tribunal que además le ordenó al presidente Álvaro Colom Caballeros, nombrar a un fiscal general de la nómina que le fue enviada por la Comisión de Postulación, de donde resultó el nombramiento de la hija del terrorista de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) Enrique Paz y Paz, uno de los presuntos asesinos del exembajador de los Estados Unidos de América, Jonh Gordon Mein en 1968.

La sustitución ilegal que se pretende consumar por medio de este acuerdo, obedece al temor que existe de parte de los sectores que conforman el pacto de terroristas, de perder el control del ente de represión ideológica y política que les procura impunidad. Por ello, los integrantes de esta estructura criminal organizada diseñaron una sucia estrategia que iniciará minando el trabajo de las comisiones de postulación, para con posterioridad si eso no les da resultado, promover cuanta acción maliciosa se les ocurra para frenar y prolongar a toda costa la designación de un fiscal general objetivo e imparcial que los persiga por todas las ilegalidades cometidas, por orden del narco-guerrillero que hoy dirige la CICIG.

Debido a ello, los guatemaltecos seremos investigados por una persona que no fue seleccionada ni elegida de conformidad con la ley para ocupar el cargo de fiscal general, y quien seguramente junto a su esposo continuarán la política represiva de encarcelar de forma preventiva-definitiva a todo opositor político e ideológico, que no se pliegue a los designios del líder de la estructura terrorista.

Mientras la noticia cunde las redes sociales, de nuevo seremos testigos de cómo el presidente de la República se refugiará cobardemente en su acostumbrado silencio, esperando a que seamos los ciudadanos los que realicemos las gestiones legales pertinentes para impedir que ese acto ilegal cause estado, cuando en otros países, es el propio presidente quien de manera valiente y enérgica encabeza las acciones judiciales, administrativas y mediáticas encaminadas a garantizar el estado derecho y la certeza jurídica en beneficio de los administrados, sin temor a que un grupo de vándalos apestosos manifiesten su descontento.

Thelma Aldana se equivoca si piensa que con emitir y publicar el acuerdo antes relacionado, podrá abandonar tranquilamente el país y refugiarse en alguna organización internacional que por el momento le provea impunidad, pues, basta con recordarle que el artículo 155 de la Constitución Política, regula la prescripción penal y civil de los funcionarios públicos por un largo periodo de tiempo.

Es por ello, que los guatemaltecos honestos debemos presentar de forma urgente todas las acciones constitucionales y legales que sean necesarias, para frenar de inmediato esa aberración que pretende claramente impedir la selección y designación de un fiscal general objetivo e imparcial #pactodeterroristas.

TEXTO PARA COLUMNISTA
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