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Agenda social y Congreso 2018

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Es significativamente peculiar que a escasos días del segundo informe presidencial ante el Congreso República de Guatemala, aún no esté conformada la Junta Directiva que deberá regir en 2018 el Organismo Legislativo. Aunque es extraño el singular atraso en la nominación de la Junta Directiva, no es ilegal en ningún caso. Sin embargo, por consideración y atención a la población guatemalteca, es apremiante que antes del catorce de enero para el segundo informe presidencial, quede establecida la referida Junta Directiva.

El cambio de época generacional que vive y experimenta la sociedad guatemalteca requiere de un Estado integrado y a la altura de la modernidad que trae consigo el despertar de la población guatemalteca a partir del 2015. Los puntos de inflexión críticos de atención prioritaria: reformas a la ley electoral y de partidos políticos; aprobación de la iniciativa de ley de competencia; revisión de la ley orgánica del Congreso; capacidad de hacer converger, la correlación de fuerzas partidarias, en un solo vector de dirección que busque potenciar el desarrollo social de Guatemala. Esto a nivel interno.

Desde la parte externa, el Congreso juega un papel preponderante en las Comisiones de Postulación que en primera instancia se encargan de la evaluación de personas aspirantes a los principales cargos públicos dentro del Estado Guatemalteco. Verbigracia: el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el representante del Congreso ante la Junta Monetaria y otras Juntas Directivas a nivel Nacional. Y, no menos importante, la aprobación final de los préstamos de Guatemala ante organizaciones internacionales.

De esta consideración, es impostergable que la futura Junta Directiva -JD- electa 2018 quede conformada por un equipo multidisciplinario generando confianza colectiva en los consensos; al tiempo que también, debe buscar ser interdisciplinaria en busca de fortalecer capacidades que permita una multi-funcionalidad resolutiva en el marco de la diversidad partidaria y la complejidad política de ese alto Organismo Legislativo.

El desarrollo socio-productivo del país requiere, de la nueva Junta Directiva del Congreso, un compromiso de sostén (andamiaje) al buen desenvolvimiento de  las políticas de compensación social. Entre ellas: 1. Concretizar una Ley de Competencia que regule y respalde la creación de una nueva empresarialidad sobre la base de las Mipymes para generar empleos dignos en el interior de las fronteras del territorio nacional, 2. Apoyo subsidiario y solidario al Ministerio de Desarrollo Social para multiplicar y facilitar el esfuerzo de llegada de los beneficios de los programas sociales, 3. Aprobar la iniciativa de Agricultura Familiar; no sin antes, fortalecer el consenso y que sea de redacción clara y sencilla para los productores del campo -La FAO tiene expertos en redacción. Debemos lograr que los programas sociales y la agricultura familiar sean inseparables en su efecto y complementarios en su alcance.  Artículo dedicado a los principales desafíos sociales de la JD del Congreso 2018.

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