El Siglo

Dilema de los impuestos

En Guatemala a nadie le gusta pagar impuestos. Nuestra historia tributaria se ha destacado por la pobre recaudación fiscal.

Esta actitud no es única de los guatemaltecos, ya que, en todo el mundo, en mayor o menor medida, hay resistencia.

No es un secreto que la generalidad busca evadir el pago de impuestos, o hace lo imposible por no pagar, en parte, por desconfianza a los políticos por falta de transparencia y mal manejo de esos recursos y segundo por la ausencia de alicientes para hacerlo.

Hasta el 2012, en época similar a la actual, los guatemaltecos se preparaban para la presentación de la planilla ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Los asalariados iniciaban un nuevo año incentivados para elaborarla, al  obtener  la recompensa: la acreditación del Impuesto sobre la Renta –ISR- lo cual para muchos era un salario, que contribuía a la economía familiar. Mientras más se reportaba más se recibía. Desde los abuelos hasta los más pequeños, todos pedían factura para ayudar al hijo, hija, mamá o papá para que le acreditaran la mayor cantidad de dinero en facturas.

El entusiasmo cesó cuando en tiempo récord se aprobó el Decreto 4-2012, Ley Antievasión II, esta reforma fiscal fue impulsada por Otto Pérez Molina, la que se presentó como uno de los mayores logros de ese gobierno, lo cierto es que, “la experiencia” ha representado unos de los frenos más grandes para llegar a la meta de la recaudación fiscal.

La principal consecuencia de esa actualización fiscal, es que, desmotivó a la mayoría para contribuir en la recaudación fiscal. Primero, porque ahora sólo se permite a los contribuyentes declarar un máximo de 112,000 quetzales y por ello recibir  600 quetzales de acreditación del ISR,  lo que hace que ya no se pida factura.  No hay interés en acumular papeles y tardar días para llenar una planilla para no recibir casi nada, y segundo, porque los miedos del chapín se confirmaron al iniciar la persecución penal de autoridades involucradas en actos de corrupción,  fortaleciendo la desconfianza de la ciudadanía, al confirmar que políticos utilizan sus impuestos para beneficio propio.

No obstante, que la antigua forma permitía la creación de estructuras dedicadas a la venta y compra de facturas, sin embargo, se revela que los beneficios percibidos de ese sistema fiscal, fomentaba la admisión voluntaria del pago de  tributos.

A cinco años de esa actualización fiscal, se deduce que no hubo ningún efecto sobre la recaudación tributaria ni generó más ingresos al Estado, pero si  contribuye masivamente a la falta de incentivos para el cumplimiento tributario a largo plazo, lo que es aprovechado por negocios pequeños y grandes, para evadir impuestos en grandes montos.

Por lo tanto, de continuar este sistema, seguirá la  resistencia a tributar.  Lo idóneo es que por lo menos, se permita a los trabajadores reportar en factura lo que ganan y ver así cuánto les tocaría que les reintegraran, tomando en cuenta que a menos impuestos, el Estado se ve limitado a brindar servicios sociales de calidad.

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