El Siglo

Para prueba un contraste

En resolución del 13.12.17 proferida por la Corte Suprema de Justicia, el diputado Fernando Linares Beltranena quedó privado de su inmunidad parlamentaria para que se le enjuicie a instancias del Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad por haber manifestado que “las personas discapacitadas constituyen un gasto para el país”. Formuló esta declaración “durante una reunión de Jefes de Bloque en el Congreso” al conocer de una solicitud para incluir en la agenda legislativa la aprobación de la iniciativa de ley de personas con discapacidad. (Prensa Libre 13.12.17).

Casi al mismo tiempo, informó El Comercio.pe: “Un tribunal de Brasil ordenó a al legislador conservador Jair Bolsonaro pagarle a una colega 10.000 reales (3.125 dólares) por decir que era tan fea que no valía la pena violarla”, arguyendo que “los legisladores brasileños tienen inmunidad parlamentaria por cualquier comentario que hagan dentro del recinto legislativo, pero el tribunal sostuvo que el congresista debe pagar porque hizo sus comentarios en una entrevista con un periódico.” (16.12.17).

El contraste entre uno y otro caso es evidente: el Diputado guatemalteco actuó en su calidad de diputado, cumpliendo sus funciones y habló dentro del recinto parlamentario; en tanto que el brasileño lo hizo fuera del recinto y dirigió sus declaraciones a un entrevistador.  Por este motivo es que resulta injustificado el criterio adoptado por la Cámara de Antejuicios y Amparo de la Corte Suprema de Justicia al ignorar la terminante disposición enunciada por la literal b) del artículo constitucional 161: “Los diputados […] como garantía para el ejercicio de sus funciones gozarán de […] Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa por la materia de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo.” Y, nótese bien, esta prerrogativa “no autoriza arbitrariedad, exceso de iniciativa personal o cualquier orden de maniobra tendientes a vulnerar el principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República” y “únicamente el Congreso será competente para juzgar y calificar si ha habido arbitrariedad o exceso y para imponer las sanciones disciplinarias pertinentes”.

.
.