El Siglo

Punto de quiebre

No requiere mucha lógica suponer que la agenda primordial de todo gobierno se manifiesta en la rapidez y montos que se asignan a las partidas de presupuesto.  Es una regla universal que las prioridades ´reales´  se identifican cuando se revisan los ejes denominados prioritarios (y cuanto se les asigna).

Cualquier observador externo supondría que para los países del Triángulo Norte,  la temática de seguridad es prioritaria.  Y que lo anterior significaría tener la capacidad no sólo para sentar las bases de sistemas públicos civiles de seguridad sino consolidar las fuentes de financiamiento de manera que, llueva, truene o el mesías regresa,  la política pública de seguridad ( en sus ejes fundamentales) no se vea afectada por la politización de la gestión pública.  Precisamente, por lo anterior, causa preocupación la información relacionada al posible recorte de  415 millones de quetzales en la cartera de Gobernación. Estos fondos por cierto, serian reasignados al Ministerio de la Defensa. No es aquí el momento para debatir si los militares tienen o no un rol en las actuales sociedades democráticas en vías de post-conflicto (en efecto, siguen teniendo un rol) pero lo que sí es a todas luces justo cuestionar es, ¿Cuál es la intención de debilitar lo que está funcionando bien?

La reducción en la tasa de homicidios a partir del 2016 es una confirmación del gran trabajo que se ha hecho en el tema de seguridad.  Basta recordar la horrenda tasa de 46 homicidios por cada cien mil habitantes con la cual inició la administración Colom y contrastar con el alentador dato de 26.1 homicidios por cada 100,000 habitantes con el cual cerró el 2017.   La tasa de homicidios aún está muy lejos de los estándares europeos o de la media latinoamericana,  incluso lejos de las cifras de violencia homicida costarricense pero, esta cifra separa a Guatemala de sus vecinos del Triángulo Norte.  Y esto es fundamental.   Debo agregar además,  la desarticulación de 96 estructuras criminales y las incontables vidas que han sido salvadas a raíz del trabajo de inteligencia.

De nuevo la pregunta: ¿Por qué debilitar algo que está funcionando bien?

La gestión del Ministro Rivas, del Director general Nery Ramos en la PNC y del Subdirector de Investigación Criminal Stu Velasco van mostrando con mucha claridad que sí se puede combatir el flagelo del crimen (incluyendo el complejísimo problema de las pandillas) sin esquemas represivos, con trabajo de inteligencia y bajo un enfoque  preventivo que además prioriza el horizonte de la seguridad democrática.  Estos logros importantes se han conseguido a pesar que la PNC sigue sin estar empoderada como debería estarlo.  Basta sólo pensar lo que podría hacerse si se invirtiese como se debe.

No estoy diciendo nada que deba asombrar, ni estoy diciendo nada que deba generar polémica.  Estoy simplemente apuntando las características que se esperan de cualquier gendarmería profesional. Podemos discutir si deben introducirse esquemas formativos que alienten el ´esprit de corps´ o aspectos estéticos que provean una apariencia de mayor autoridad (si se quiere replicar el modelo de la guardia civil española, o los carabineros chilenos etc…) podemos incluso aceptar que si los militares se dedican a patrullar pueda existir  un disuasivo para la delincuencia común ( no así para el crimen organizado) pero lo que no podemos poner a discusión es que sin inteligencia que nutra operaciones de rápida reacción perdemos la batalla.  Para lograr lo anterior se necesita inversión pública.

Esto se ha empezado a consolidar,  ¿Por qué echarlo a perder politizando la asignación de gasto público?   Son los únicos resultados que el actual ejecutivo puede presumir y es una prioridad continuar en esta ruta.

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