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Por obligación, el MP debe evitar agresiones contra la niñez

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Editorial

Uno de los mayores logros en materia legislativa que dejó el 2017, considerado por la mayoría de guatemaltecos como el año de la polarización política, fue la creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales (RENAS).

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Esta base datos, en poder del Ministerio Publico (MP), donde ya se han registrado miles de personas que laboran en instituciones, entidades y establecimientos que atienden a niños, niñas y adolescentes, que ya ha identificado a algunos agresores, es el arma más poderosa que tiene el MP para la protección de estos.

Según registros de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, el 60% de los abusos sexuales en contra de los menores es cometido por familiares de la víctima.

Y esa no es la única referencia numérica que existe en este importante tema, prueba de ello son las 1 mil 201 denuncias de violencia que ocurrieron en centros educativos, entre estudiantes, maestros e incluso directores hacia la infancia que tiene documentadas la Digecor.

Otra incidencia, lo refleja la Encuesta Nacional sobre Violencia y Clima Escolar elaborada por el Ministerio de Educación, que arrojó datos claves para la prevención de estos delitos en lugares como la  capital y el departamento de Sacatepéquez, donde existe una considerable reincidencia.

En palabras coloquiales “la pelota está en la cancha del MP”, que a la fecha no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto como institución obligada del resguardo de la integridad de los menores, tampoco la fiscal Thelma Aldana se ha pronunciado al respecto.

Ojalá no haya que esperar una pomposa conferencia de prensa o un gran show mediático como acostumbran hacer con “los casos de alto impacto”, para ver los primeros resultados del RENAS.

Contar con la ubicación de los agresores para controlar la reincidencia y fortalecer la persecución penal es su obligación y la respuesta que la sociedad espera.

Es importante tener presente que “la Organización Mundial de la Salud, (OMS), define la violencia sexual como,“todo acto sexual o tentativa de consumarlo, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, acciones para comercializar o utilizar de un modo u otro la sexualidad de otra persona mediante la coacción, independientemente de la relación de esta con la víctima, incluidos el hogar y lugar de trabajo”.

Las organizaciones sociales ven con buenos ojos la aprobación de esta normativa y también mantiene la expectativa de cómo la hará eficiente el MP, de lo contrario será imperdonable que se conozcan más abusos, agresiones y violaciones en contra de la niñez.

Cuando el Congreso legisla de esa manera se aplaude su actuar, el impulso de estas iniciativas complementa las ya existentes donde se imputan varios delitos.

Para tenerlo presente es preciso recordar que el abuso sexual contempla agresiones físicas, de las cuales existen miles de denuncias y cada año se conocen nuevas o se sabe de violaciones reiteradas.

De no cumplir con los objetivos planteados en el RENAS, la historia los juzgara.

POR UNA NACIÓN, LIBRE, JUSTA Y SOLIDARIA
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