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“Soberano”, ¿El presidente?

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“Para caracterizar al Estado de Derecho –cito Rubén Hernández Valle— es necesario referirse a sus tres postulados clásicos: a) el principio de la división de poderes, como medio para evitar su concentración en las manos de pocos detentadores; b) la sujeción del Poder Público al ordenamiento jurídico (principio de legalidad); c) la existencia de un control autónomo de legalidad (jurisdicción contencioso-administrativa).” El segundo de estos postulados, conocido como Principio de Legalidad –que hoy me interesa destacar— “significa que cualquier conducta administrativa debe estar, expresa o implícitamente por el ordenamiento jurídico, en términos tales que lo no autorizado está prohibido […] En consecuencia y en virtud de este principio, la actividad de las autoridades públicas se encuentra sometida al Derecho. De ahí que esa conducta deba estar necesariamente autorizada de manera previa y no contrariar las disposiciones del mismo ordenamiento. […] Del principio de legalidad se deducen dos grandes principios a saber: a) Todo acto concreto y particular debe estar autorizado por una norma; y b) Todo acto, general o concreto, debe respetar el orden jerárquico de las fuentes.” Y dice, finalmente: “Sin embargo, la manifestación más importante del principio de legalidad, es la sumisión absoluta del acto a la norma y de lo concreto a lo abstracto.” (La regulación constitucional del Estado de Derecho, en Los Principios Cardinales del Derecho Constitucional, Ediciones Nueva Jurídica, 2017). Consecuentemente, todos los actos de la administración, incluidos los “políticos” están sujetos al principio de legalidad.

“Sin embargo, la manifestación más importante del principio de legalidad, es la sumisión absoluta del acto a la norma y de lo concreto a lo abstracto.”

Acorde a los artículos constitucionales 182 y 183, inciso o), en armonía con el 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo, el Presidente de la República puede dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; pero no significa actuar bajo su absoluta discreción. Acorde con el Preámbulo constitucional, los gobernantes deben proceder “con absoluto apego al Derecho”; lo confirman sus artículos 153 y 154. El primero dice que el ejercicio del poder “está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley” y el segundo que los funcionarios públicos son depositarios de la autoridad, “sujetos a la ley y jamás superiores a ella”.

Dispone la Constitución que Guatemala normará –conducirá— sus relaciones con otros Estados “de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales” (artículo 149) y que “mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas”; parámetros que configuran un ordenamiento jurídico para la dirigir la conducta internacional de nuestro país; y todo con el propósito “contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados.”

TEXTO PARA COLUMNISTA

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