El Siglo

De militares, civiles y terrorismo

Si hay tal cosa como la amenaza global del terrorismo, existe tal debate con respecto a cuál debe ser la estrategia a seguir. Esto es aplicable tanto a países desarrollados cómo a países periféricos.   Un clarísimo ejemplo de cómo reaccionan los países importantes es, (como siempre), el caso de Francia.  La lista de objetivos prioritarios (terror watch list) que deben ser monitoreados por los servicios de seguridad franceses supera los cinco mil perfiles. Es una enorme tarea monitorear a más de 5000 personas, y a lo anterior hay que agregar que en razón de las permanentes amenazas el Estado ha desplegado tropas de reserva para proteger infraestructura crítica. Nada de esto sería posible sin el consenso institucional en cuanto a que todas las instancias deben producir inteligencia.

Entendemos por inteligencia todos los insumos de datos pertinentes que permitan facilitar  la toma de decisiones.  En esta tarea,  cuando se trata de países en desarrollo, colaboran en conjunto miembros de las fuerzas de seguridad: civiles, militares y profesionales universitarios (´civiles´).   En este esfuerzo común unen manos todos los sectores sin distinción de procedencia.

En América Latina,  hay tres países que concretamente han introducido el concepto de amenaza terrorista en sus marcos de seguridad: Colombia, Salvador y México.  Colombia y el Salvador han desarrollado estatutos anti-terroristas. En Colombia el proyecto de estatuto anti-terror no fue aprobado por el Senado en razón de reducir los candados judiciales con los cuales las fuerzas de seguridad podrían operar mientras que en el Salvador,  la ley ´anti-pandillas´  arroja resultados bastante grisáceos.  México por su parte introdujo en su concepción de seguridad el ´narco-terrorismo´ y acaba de aprobar una ley de seguridad interior en la cual,  los efectivos militares van a operar con nulo control por parte del poder judicial.   Ahora bien, de los tres casos mencionados,  es en México y Colombia donde vemos con mayor claridad que previamente al acto de construir piezas de de ley ´anti-terror´  hubo un serio esfuerzo por coordinar,  modernizar y dotar de tecnología el proceso con el cual se lleva a cabo la construcción de la inteligencia. En cuanto al caso mexicano, he sido testigo de cómo la dinámica de la gestación de la inteligencia es ya un proceso institucionalizado donde, tanto el CISEN,  como la unidad de inteligencia de la Policía Federal así cómo los especialistas académicos de sociedad civil contribuyen. Todo lo demás que pueda agregarse,  ya sea compra de armamento, aumento de efectivos, patrullajes y modalidades no significa nada  si no se producen previamente los datos de inteligencia que guíen la acción.

Guatemala debe madurar en ese debate sobre todo si hay la percepción de determinadas amenazas que rayan en la capacidad de producir terror (como por ejemplo,  la tendencia creciente de las pandillas por ´jugar con explosivos´).   Hay enormes ´agujeros´ en las capacidades del Estado. Recientemente la SAT alertó de un decomiso de armas (proveniente de EE. UU.), lo que hace necesario invertir en la tecnología para inspecciones no invasivas.  Los prensa hizo público de qué forma los pandilleros graban y toman fotografías de las fuerzas de seguridad. Un extranjero encarcelado por narcotráfico escapó del sistema carcelario y al sistema le tomó varios días notarlo. Y cómo lo decía anteriormente, mientras tanto las pandillas se profesionalizan en el uso de explosivos.  Ante tal coyuntura, el debate ´militares vrs civiles´ es banal.

El reto de la comunidad nacional de defensa e inteligencia es actuar en conjunto sin importar la procedencia.   El primero objetivo de la inteligencia en esta coyuntura es, salvar vidas.

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