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La ley de emisión del pensamiento

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Poco se conoce en el medio jurídico guatemalteco, el Decreto número 9 de la Asamblea Constituyente del año 1966, también llamado Ley de Emisión del Pensamiento (LEDP). Prueba de ello es que, en numerosas ocasiones, la Corte de Constitucionalidad (CC) ha otorgado amparos para reparar el agravio ocasionado por la falta de aplicación de lo dispuesto en dicha ley (verbigracia, sentencias del 7/12/2015, 11/10/2016 y 23/2/2016, expedientes 1061-2015, 3309-2014 y 404-2015, respectivamente).

En el primero de estos casos, se promovió una denuncia de violencia contra la mujer en contra de José Rubén Zamora, por una publicación hecha en el “elPeladero”. El Juez de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, decretó medidas de seguridad contra Zamora. Este promovió el amparo, alegando que se estaban utilizando otro tipo de figuras procesales para perseguir actos que se deberían de ventilar por vía de lo establecido en la LEDP.

La CC, al conocer el caso, recalcó que siendo la libertad de expresión un derecho humano reconocido en convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, su protección abarca el no ser molestado a causa de sus opiniones. Agregó que no se puede utilizar una vía distinta a la LEDP (sea judicial o administrativa), para limitar el ejercicio de este derecho. Ello porque, si alguna persona se siente ofendida por alguien que haya externado opinión en el ejercicio de dicha libertad, tiene las vías establecidas en la LEDP (los juicios de imprenta) para dilucidar su inconformidad.

En los otros dos casos (también incoados contra Zamora), la CC indicó que cuando se utilizaban en un juicio de imprenta, remedios procesales no contemplados en a LEDP, se violaba el debido proceso. Estos pronunciamientos los ha hecho la CC ya que los abogados defensores utilizan -impropiamente- dentro de los juicios de imprenta, los remedios y/o recursos contemplados en el Código Procesal Penal.

Lo anterior me permite concluir que José Rubén Zamora es la persona que más se ha beneficiado, no solo de la ignorancia de los abogados en cuanto a la LEDP, sino también de la inoperancia, obsolescencia y vetustez de dicha norma. ¡Su reforma es imperiosa!

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