El Siglo

Ley para criminalizar a migrantes

En Guatemala, gran parte de la población ha tenido una experiencia migratoria con un familiar o vecino. Cada migración busca crecimiento económico.

En nuestro país faltan condiciones mínimas de existencia digna, hay pobreza extrema, desnutrición, desigualdad y violencia. No hay oportunidades de trabajo. Esta precariedad obliga a buscar una salida y justifica desear comer hamburguesa a una tortilla con sal o ni eso; es mejor el riesgo por un mejor horizonte a no tener cómo llenar la “tripa”. Es decir, migrar no es una elección, sino una necesidad.

La migración divide a la población del país destinatario: unos quieren se les otorgue residencia y beneficios sociales; otros los rechazan por razones económicas, laborales y por creer que la inmigración destruye su modo de vida al arrebatarles lo que les corresponde. Debido a eso los inmigrantes son segregados y se les impide integrarse a esas sociedades.

Pese a que el derecho penal debe servir para frenar el poder punitivo del Estado, en materia migratoria, se utiliza el derecho penal como ampliación del derecho punitivo que lo convierte en derecho penal de Estado de policía.  En ese rechazo al migrante, el derecho penal se transforma en instrumento de políticas migratorias y  elemento de dolor, lo cual usan para contener la inmigración irregular.

El término migratorio sociológicamente tiene una valoración bastante negativa, sin embargo se le suma un concepto peor cuando a una situación irregular se le cataloga como “ilegal”, pese a no haber personas ilegales. Cuando el derecho penal se usa en ese sentido, se convierte en derecho penal de autor, lo cual es peligroso, porque se penaliza por condiciones de vida y no por conductas humanas penalmente atribuibles al autor de esa supuesta ilegalidad. Así se persigue por ser latinos, morenitos y chaparritos.

El derecho migratorio en muchos casos funciona como respuesta punitiva a la condición que cualquiera de nosotros puede poseer. La condición ilegal nace al faltar la de ser ciudadano, por lo tanto y como dice Arjona: El suplicio de un papel lo convierte en fugitivo.

Muchos países invocan normas penales, pero con etiquetas falsas porque las disfrazan de norma administrativa, cuando son penales.  Con cara administrativa se habilita a la autoridad a cometer actos arbitrarios: sin debido proceso, defensa, acusación, prueba, juez natural y sentencia, se priva de libertad y mandan al extranjero a un centro de internamiento, incluso por años.

Esos centros de detención aunque no son expresos, son un derecho penal latente, porque se oculta bajo el disfraz inocente de medidas de seguridad o contención. La ley administrativa de forma perversa faculta a aplicar dolor, pues no son albergues sino centros de privación de libertad.

Para constatar estos atropellos, basta ver adentro.  En Guatemala, la situación no es muy distinta a los países del norte. Al analizar la ley y observar los centros de custodia se deduce que es urgente hacer cambios para reducir la indefensión de los extranjeros.

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