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El significado de la elección del fiscal general

 

PENSAMIENTO CRÍTICO

Este nuevo año nos depara la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP). Lo cual será una de las decisiones más importantes para el rumbo de la República de Guatemala. El contexto marca que habrá una lucha desenfrenada por hacerse del puesto de fiscal general, sobre todo por el estado que guardan los procesos iniciados y las investigaciones en curso que relacionan a altos funcionarios públicos inmersos en casos de corrupción.

El nombramiento del fiscal general pasa por una Comisión de Postulación que está integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho Colegio.

Las calidades para ocupar el cargo son las mismas que para un magistrado de la Corte Suprema de Justicia: Guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, ser mayor de 40 años y haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años.

Existen, desde ya, algunos nombres que han salido como posibles candidatos para postularse para el cargo. Sin embargo, hasta no hacerse oficial la convocatoria no sabremos con seguridad quienes son los profesionales que tengan intención real de dirigir el Ministerio Público.

En los últimos dos años, el Ministerio Público ha tenido un papel importantísimo en la lucha contra la corrupción. Si bien ha existido el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es el Ministerio Público el legalmente designado para ejercitar la acción penal.

La función esencial de esta institución es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Lo cual resulta de mayor connotación si lo que se quiere es dirigir al país para transformarlo en un Estado de Derecho.

No existe ninguna duda que aquellos que han sido afectados por los señalamientos que ha realizado el Ministerio Público en casos de corrupción, querrán tomar las riendas de esta institución. Es por ello que la fiscalización ciudadana debe ser permanente durante el proceso de su nombramiento, especialmente frente a la Comisión de Postulación de donde saldrán seis candidatos, de los cuales el presidente de la República finalmente nombrará a uno.

Se necesita una persona con la capacidad de poder continuar con el trabajo que se está realizando, pero que además lo fortalezca en los aspectos administrativos que tienen un gran margen de mejora, aún. La continuidad será un aspecto clave para quien tome el mando del Ministerio Público. Asimismo, continuar con la política de la investigación y persecución de los casos de corrupción que inundan el país.

Con la elección del fiscal general, Guatemala se juega una gran parte de la credibilidad institucional.

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