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Circulo vicioso

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Del documento “Justicia en Riesgo: Obstáculos a la independencia judicial en Guatemala” (Observatorio de Independencia Judicial, 2017), me llamó la atención el pasaje dedicado al estudio de la Independencia Estructural que dice: “… la Constitución de la República permite la intromisión del Poder Legislativo en la justicia ya que el Congreso debe nombrar a los magistrados de la CSJ y las Cortes de Apelaciones para un período de cinco años. Esto provoca que la elección de los altos cargos de la justicia dependa de negociaciones políticas en las comisiones de postulación y el Congreso de la República.”

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Efectivamente, el Organismo Legislativo ejerce una influencia nociva en el Organismo Judicial, lo cual exige analizar el problema tomando en cuenta a quienes integran el primero. Esto me lleva a responsabilizar a los partidos políticos representados en ese organismo. ¿Qué se puede esperar de agrupaciones efímeras, carentes de ideología y del más elemental respeto por nuestra institucionalidad? En tanto existan en Guatemala “partidos” políticos como los actuales será imposible lograr una plena independencia para el ejercicio de la judicatura. Me llama la atención que los partidos políticos no hayan sido capaces de entender la desconfianza que el pueblo guatemalteco les tiene en este punto y que por ello, paulatinamente, le haya ido retirando al Organismo Legislativo la capacidad que otrora tenía para para elegir magistrados directamente.

“Efectivamente, el Organismo Legislativo ejerce una influencia nociva en el Organismo Judicial, lo cual exige analizar el problema tomando en cuenta a quienes integran el primero”.

Agrego a lo anterior que el nombramiento de la totalidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones que se realiza cada cinco años; con o sin Comisiones de Postulación el nombramiento de este conjunto de magistrados genera, por supuesto, un mayor interés político que si fuera el de uno o pocos nombramientos individuales (lo ideal, a mi juicio) o por un sistema que reduzca en una medida razonable el número de magistrados a designar; por ejemplo, mediante renovación por terceras partes para períodos no menores de nueve años. Reducir, en otras palabras, la posibilidad de que el Organismo Judicial sea manipulado por el Organismo Legislativo.

Una reforma constitucional centrada única y exclusivamente en el Organismo Judicial no resolverá el problema a mediano ni a largo plazo. De haberla –a mi entender—debe comenzar con el artículo 223 a fin de reducir al orden a los partidos políticos, ya que nada cabe esperar de estas organizaciones en la forma en que actualmente se encuentran reguladas. Lejos de ser organizaciones políticas en el sentido puro de la palabra no son sino –desde todo punto de vista— organizaciones criminales organizadas. Aceptada esta reforma, lo demás se dará por añadidura. Lo dijo muy bien Julio María Sanguinetti: “Por supuesto, siempre una Constitución puede ser mejorada, pero no hay nada peor que responder a la casuística de planteos parciales para modificar un texto que requiere armonía. El texto mayor solo puede replantearse cuando hay una necesidad institucional poderosa que lo reclama, nunca para temas secundarios, que en la mayoría de los casos pueden resolverse por ley.” (La tradición constitucionalista, Infobae, 10.12.2017).

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