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¿Jueces o verdugos?

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Es inaudito que los jueces penales en Guatemala no otorguen medidas sustitutivas a sujetos procesales que llevan años en situación de prisión preventiva y sus casos no están ni cerca de llegar a sentencia. Normas constitucionales, tratados internacionales, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la Corte de Constitucionalidad (CC) obligan a los jueces a abordar los casos de prisión preventiva desde una perspectiva eminentemente garantista y a alejarse de posturas excesivamente formalistas.

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En numerosos casos los jueces han rechazado solicitudes realizadas por acusados que solicitan el otorgamiento de medida sustitutiva, luego de llevar varios años en prisión preventiva. Algunos jueces se han escudado detrás del argumento de que podrían ser procesados por prevaricato (al violar el artículo que no les permite otorgar la medida) y otros se han escudado diciendo que prefieren esperar que la CC dilucide el asunto.

“Pedirle al juez chapín que conozca los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH, no es descabellado, es su obligación”.

Pedirle al juez chapín que conozca los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH, no es descabellado, es su obligación; pero tal vez es pedir mucho, considerando que solo pocos jueces conocen las doctrinas del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Eso sí, me parece inaudito que los jueces desconozcan el amplio acervo jurisprudencial de la CC en el cual se les ha recordado la obligación que tienen de no solo observar el tenor literal de la norma que no permite el otorgamiento de medida sustitutiva, sino también de ponderar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que han de imperar en la aplicación de la prisión preventiva. La doctrina legal de la CC obliga a realizar lo anterior observando la garantía del derecho a la libertad y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, para así lograr una decisión que sea congruente con las exigencias de la tutela judicial efectiva y de los fines del proceso penal. En muchos de estos casos, la conclusión solo puede ser una. (Ref. Sentencia de apelación de amparo del 7/4/2015, expedientes acumulados 4844-2014 y 4853-2014 en el caso de los hermanos Valdés Paiz).

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