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Asentamientos humanos y el grito del desequilibrio en Guatemala

171220 ASENTAMIENTOS HUMANOS

Los asentamientos humanos suelen ser el reflejo territorial de los desequilibrios y asimetrías del desarrollo en los lugares poblados, sobre todo en las ciudades de primer y segundo orden, concuerdan investigadores de diversas disciplinas científicas.

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De manera particular, en Guatemala, el aumento y concentración de la riqueza -que ocurre simultáneamente al incremento y difusión de la pobreza- se traducen en que importantes beneficios y potencialidades de las economías de aglomeración a escala urbana coexistan con cuantiosos déficit y condiciones extremas de pobreza y precariedad del hábitat.

Como si ello no bastase, numerosos grupos de población están excluidos en este país de la posibilidad de adquirir tierras en calidad de propietarios, vivienda, fuentes seguras y permanentes de ingreso, salud, educación y hasta una vida digna.

Informes oficiales y de organismos internacionales convienen en el reconocimiento a esta falencia del desarrollo con crecimiento que registra el país, considerado el más estable en el orden económico y el más proclive a la expansión en ese orden en Centroamérica.

Tal paradoja está en el sustrato de la consolidación progresiva en el territorio del modo de vida moderno, urbano por excelencia, que impacta en la configuración de asentamientos humanos y, por consiguiente, exige plantearse la urgencia de repensar el modo, en el cual podrá mejorarse y aumentar la funcionalidad de las ciudades como nodos de un particular modo de producción. Ello, acorde con la reevaluación de un modelo económico dominante marcado por la controversia y con un esquema global de desarrollo no menos polémico.

Para el ingeniero agrónomo costarricense Huber Ernesto Palma Urrutia, si bien es perentorio enfrentar la superación de la pobreza en el contexto guatemalteco, también cabe priorizar la implementación de una política y gestión urbana que tenga como fin la inclusión e integración de los sectores más desfavorecidos de la población.

“Una gestión urbana que no mantenga, reproduzca y profundice las desigualdades, la exclusión y la segregación socio-espacial se hace necesaria. Una gestión urbana que imponga gobernabilidad mínima en el manejo de la administración pública municipal, y una gobernanza participativa que propicie, proponga y disponga de mecanismos de autonomía política y financiera para el desarrollo territorial integral, especialmente urbano”, expresó.

A juicio del investigador asociado al Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de Guatemala, la gestión integral, con énfasis en lo urbano, abarca la formulación y ejecución de planes de gestión, manejo o desarrollo de los asentamientos humanos, pero también el “pensar, actuar y vivir la gestión de la tierra urbana y urbanizable”. O sea, su ocupación, apropiación, y habitación, su uso y explotación, su valorización y transformación en mercancía.

Con ese modelo diferente de gestión urbana, opinó, el catastro ya tendría que dejar de ser una simple herramienta o instrumento de política de desarrollo territorial, con lindas imágenes y datos.

Este registro debe convertirse en “una fuente de conocimientos, símbolos y signos vitales del territorio municipal y extramunicipal por donde se propaga el modo de vida urbano mucho más rápido que la ciudad misma”, puntualizó.

Más allá de eso, el catastro moderno debe describir, mediante registros jurídicos legales, a los sujetos y las relaciones que fluyen entre sitios y lugares distintos, así como entre los mismos sujetos, añadió.

Pero el registro no basta. Ni tampoco la descripción de los objetos fijos y de los fluidos formales y legales. Según Palma Urrutia, el catastro moderno debe agotar la fase que define el modelo o estructura sistémica por usos, valores y funciones a nivel de localidad, municipio, mancomunidad de municipios, departamentos o regiones, y proponer al menos 2 marcos financieros y 2 legales.

Por supuesto, un marco financiero y uno legal que depende de las instancias centrales del Estado, y otro con matiz financiero-legal que emana de la propia gestión territorial autóctona local.

En este último caso, en específico, valdría soñar con grandes transformaciones respecto al Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), las licencias de construcción, la contribución por mejoras y otros instrumentos con base legal y financiera en el valor, la propiedad y el uso de la tierra y el territorio.

Empero, acorde con el especialista, “el Catastro Nacional de Guatemala está muy lejos de contribuir efectivamente y de manera amplia a esa construcción de sueño, ese amarre genético por resolver el gran problema agrario no se lo permite”.

Varias voces coinciden en que uno de los temas pendientes por resolver en este país centroamericano, 21 años después de firmados los Acuerdos de Paz Firme y Duradera (1996), es el problema de la concentración de la tierra en pocas manos y mientras eso no acabe de resolverse, los conflictos agrarios continuarán fortaleciéndose al punto de lograr una larga vida.

Solo en el transcurso de este año que está por concluir, alrededor de una docena de comunidades fueron desalojadas o afectadas de alguna manera por problemas asociados a la tendencia de la tierra. En muchos casos, fuerzas policiales y agentes del Estado participaron en estas acciones o asistieron con total tranquilidad a las manifestaciones de abusos contra quienes perdieron sus viviendas, sus pertenencias y hasta cultivos.

Las razones detrás de esos desahucios, casi siempre violentos, son tan múltiples como viariopintas las motivaciones que inclinan a muchas personas indígenas y campesinas a agenciarse un espacio donde poder producir al menos lo indispensable para el sustento de sus familias.

Mientras no existan otros datos fiables, siempre habrá que reiterar los aportados por la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi, 2014) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), según los cuales más la pobreza experimentó un despegue en el país hasta llegar al 59.3% de la población, lo cual representó un incremento de 8.1 puntos porcentuales con respecto a lo reportado en el año 2006.

Y no hay que tomar un bus o un transporte cualquiera para ir al campo a ver los rostros de la pobreza en Guatemala. Esta cada día desafía las miradas de la ciudadanía que sale a las calles, ya sea a trabajar o en busca de una fuente de empleo, más o menos capaz de reportarle ingresos. Pero también las de muchas personas impasibles ante el mal de los otros que, pese a escurrirse dentro de la carrocería de sus autos, no tienen alternativas en semáforos o esquinas por doquier.

Justo en muchos de esos puntos de la capital, por ejemplo, aparecen los peores afectados por la pobreza: infantes, jóvenes y adultos que en la mayoría de los casos llegan desde el interior del país desplazados de manera forzosa o en busca de nuevas oportunidades de vida.

Ese panorama parece empeñado en perpetuarse, a pesar del tímido crecimiento registrado, cercano al 3.2%, acorde con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

A pesar de eso,la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) reconoce la existencia de 399 asentamientos precarios urbanos; 157 de estos asentamientos informales en el municipio de Guatemala, 68 en Chinautla, Villa Nueva (61), San Miguel Petapa (16) y Mixco (6).

Conforme con esa dependencia estatal, el 43% de esos asentamientos fueron ocupados de forma organizada, el 21% fue sin planificación y el 19% se debió a la compra de lotes a propietarios privados.

Empero, en buena medida “los habitantes de los asentamientos están expuestos cada día a situaciones que quebrantan sus derechos humanos y sus derechos a una ciudad más inclusiva y equitativa”, admitió el informe de la SEGEPLAN.

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