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Detención “provisional”

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“Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada”, dice nuestro artículo 14 constitucional.  Por eso cabe afirmar que la detención provisional de una persona acusada de la comisión de un delito, salvo casos muy calificados, debe ser por el menor tiempo posible para que no se convierta en un “reo sin condena”.

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En la República Argentina se ha dicho recientemente que “el instituto de la prisión preventiva, es la medida de coerción más gravosa prevista en la normativa procesal” y que, “por lo tanto, su aplicación debe ser de carácter excepcional y subsidiario”.  También es preciso reconocer que esta institución habilita a los jueces a ordenar detenciones sin que exista sentencia condenatoria firme, “siempre y cuando concurran los presupuestos que hicieran peligrar la eficacia del sistema, tanto penal como procesal penal, sea por el peligro de fuga o el entorpecimiento de una investigación.”

Para la aplicación de este instituto, por todo lo dicho, “se recomienda prudencia […] debido a que se contraponen dos fuerzas muy importantes […]: la eficacia del proceso penal y las garantías consagradas en la Constitución”.  También se requiere “establecer las condiciones de encarcelamiento preventivo”, porque ello “hace a la seguridad jurídica en general y (es) una verdadera garantía, no solo para la víctima y el imputado, sino para toda la sociedad en su conjunto, impidiendo que una cuestión tan central como la presente quede librada únicamente a la voluntad de los magistrados”.

En la legislación argentina se consideran indispensables para justificar una medida detención provisional: (i) la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener su probable autoría o participación punible en el hecho investigado; (ii) la pena privativa de libertad, que razonablemente pudiera corresponder en caso de condena, sea de efectiva ejecución; y (iii) si las circunstancias del caso autorizaran a presumir el peligro de fuga o de entorpecimiento a la investigación. Para su mayor afinamiento ha surgido la llamada doctrina Irurzun (apellido del juez que primero la aplicó) “que viene a asumir la categoría de precepto y según la cual resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal.” Sin embargo, se reconoce la necesidad de “explicitar de una manera más acabada el significado y el alcance de “los lazos funcionales y su posibilidad de utilización” para evitar que se pueda llegar a efectuar un manejo discrecional de esa doctrina por parte de los jueces, bajo la máscara del derecho”, exigencia no solo acertada sino necesaria, porque “de otra forma cabría considerar, exagerando las cosas, que por aplicación de esa doctrina no digamos cualquiera, pero si muchos, pudieran terminar indebidamente presos.” (Elentreríos. Editorial. Los peligros de la doctrina Irurzun en materia de prisión preventiva, 14 de Noviembre de 2017).

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