El Siglo

Infracciones internas a la independencia judicial (II)

Las decisiones judiciales de los jueces de paz serán recurribles ante los jueces de primera instancia, la de los jueces de primera instancia ante las Salas de la Corte de Apelaciones y las decisiones de las Salas ante la Corte Suprema de justicia (CSJ).

Sin embargo, cuando el Tribunal de Alzada ordena al juez A quo (contra quien se interpone el recurso) “resolver conforme lo considerado” por esos órganos, constituye una intromisión indebida, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y genera una resolución defectuosa por incumplir con el artículo 11 Bis del Código Procesal Penal: “Los autos y sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión, su ausencia constituye un defecto absoluto de formas”.

El deber de motivar los fallos judiciales es el elemento esencial para medir la racionalidad y legitimidad de estos y útil para evaluar que no sean arbitrarios ni vulneren derechos y garantías de los justiciables. Esa motivación marca la diferencia entre un sistema autoritario-represivo que se funda en la “voluntad del gobernante o dictador o los intereses de la clase dominante”, con un sistema judicial democrático donde se expresen de manera concreta y fundada, los motivos de la decisión.

“La argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y el conjunto de pruebas ha sido analizado”.

La CIDH expresa que esa motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”.

No obstante, el Tribunal de Alzada no resuelve conforme a su competencia y aspira que el juez A quo haga propios sus argumentos lo cual vulnera su independencia judicial. El juez A quo solo podrá resolver “en cumplimiento a lo ordenado” creando un defecto absoluto de forma, pues el fallo emitido carecerá de motivación y fundamentación. Esto implica que a la postre, determinado veredicto, por error judicial no responda al principio del debido proceso, tutela judicial efectiva, pero esencialmente vulnerando los principios de legalidad e imperatividad.

La CIDH manifiesta: “Las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y el conjunto de pruebas ha sido analizado”.

Una sentencia debidamente fundamentada tiene como resultado la seguridad jurídica al expresarse concreta y separadamente cada motivo con sus fundamentos, además fortalece el estado democrático de derecho porque se legitima el poder y la función judicial, y permite la aplicación de una correcta aplicación de la ley, que busca que se dicte lo que “debe ser lo justo, lo que debe pasar y lo coherente.”

Infracciones internas a la independencia judicial (I)

 

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