El Siglo

Remesas familiares: del récord al desconcierto

Desde 2016 los ingresos de divisas a la economía guatemalteca por concepto de remesas rompieron un récord histórico, al superar los 7 mil 159,967.6 millones de dólares; y aunque todavía queda por cerrar el dato con el total del mes en curso, es un hecho que el indicador rebasará los 7 mil 471,908.1 millones al terminar el presente año.

De acuerdo con el Banco de Guatemala (Banguat), al concluir noviembre las transferencias de dinero de la población migrante a sus familiares en el país ascendieron a esta última cifra y ello de por sí rompe la marca establecida con antelación.

Este incremento de enero a noviembre, equivalente a 15,3 puntos porcentuales respecto a igual etapa del año precedente, muestra la tendencia al alza del indicador e inclina a pensar en que ello pudiera continuar pese a las políticas antinmigrantes desplegadas por el Gobierno de Donald Trump.

Y es que el 97.1% de las remesas familiares que engrosan las finanzas hogareñas en Guatemala provienen de Estados Unidos, donde residen más de tres millones de personas oriundas de este territorio centroamericano, cerca de 800 mil de ellas en condición irregular.

Una encuesta realizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre más de tres mil familias de 170 municipios guatemaltecos, demostró que otro 0.8% llega de Canadá y 0.7% de México.

El total de los envíos de esas y otras personas radicadas en el exterior representa el 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y, junto a las exportaciones, constituye uno de los rubros que más aporta recursos a la economía de Guatemala, refieren informes del Banguat.

“Gracias a las remesas mantenemos una balanza de cuenta corriente positiva en la economía”, afirmó el técnico de esa institución emisora Víctor Flores.

Fuente: Banguat.

Ingreso de divisas por remesas familiares (2015-a diciembre de 2017).

Con base en esos datos, es comprensible el cierto grado de condicionamiento histórico de la política exterior chapina a los intereses del vecino norteño, pero también el papel esencial que juegan esas inyecciones de dólares al margen de las proyecciones presupuestarias del Estado.

Máxime si se considera que las remesas suplen múltiples necesidades de millones de familias, sobre todo en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango, como confirmó la Encuesta sobre Migración Internacional de Personas Guatemaltecas y Remesas 2016.

El estudio de la OIM corroboró que las ayudas de los migrantes a quienes quedaron de este lado son envíos de dinero en el 99% de los casos, pero que el 1% restante aprovecha las ventajas de los servicios de mensajería para mandar colaboraciones en especie. De una u otra forma, las remesas permiten a las familias receptoras cubrir la canasta básica alimentaria y mantenerse sobre la línea de pobreza; así como acceder a servicios de salud, educación y a nuevas tecnologías que de otro modo les estarían negados.

También reafirmó una verdad de Perogrullo: casi todas las personas que deciden aventurarse a emigrar tienen de 15 a 24 años y lo hacen en busca de un empleo (31%) o por motivos económicos (24.2%); aunque otras procuran reunirse con su familia (18.6%), evadir la discriminación por su identidad sexual (2.4%), la inseguridad (1.7%), los problemas con maras o amenazas (1.2%), y por violencia (0.5%).

Es decir, que pasaron a segundo plano los motivos políticos que en los años 80 impulsaron a muchas mujeres y hombres guatemaltecos a recurrir a la migración para salvar sus vidas; o los asociados a las catástrofes por eventos climáticos o terremotos, como el devastador ocurrido en 1976.

Asimismo, la pesquisa de la OIM reflejó que por cada 100 mujeres apenas migran 82 hombres, lo cual significa que en los últimos cinco años ellas y las unidades familiares fueron mayoría con respecto al estudio del 2010.

Mientras, ciertos sectores continúan celebrando la eventual estabilidad y solidez económica de Guatemala, como si sus ojos y oídos estuvieron negados a aceptar las denuncias sobre la creciente exclusión social y otras lacras derivadas del sostenimiento del modelo que redunda en esos resultados. Para estos, lo importante es el crecimiento de las remesas, sin considerar que en su mayoría son enviadas por quienes salieron huyendo de la pobreza y de la criminalidad generalizadas.

“Guatemala siempre exportó materias primas, pero hace algún tiempo exporta fuerza de trabajo y por ello recibe de 6 a 7 millones de dólares anuales por concepto de remesas”, opinó el coordinador del proyecto investigativo El Observador, Fernando Solís.

“Ese flujo ininterrumpido de transferencias de dinero de los migrantes compensa los saldos negativos de cuenta corriente y la falta de empleos dignos en el territorio. Históricamente así ha sido y seguirá siendo por las peculiaridades de la economía guatemalteca”, añadió el economista, para quien “si esto logra mantenerse, es probable que la economía continúe creciendo de manera sostenida y que la inflación pueda ser controlada por la autoridad económica”.

Sin embargo, aunque no existan movimientos desestabilizadores y los precios puedan controlarse, la precariedad y la pobreza irán en aumento, paralelo al incremento de la estratificación social, acotó. Como contrapartida, añadió, estarán en la pendiente el individualismo y los altos niveles de violencia, por lógica de la rebusca para evitar la mayor indigencia.

Solís hizo referencia al papel que desempeñan las actividades ilícitas como el lavado de dinero, el narcotráfico y el contrabando, por la cantidad de dinero que inyectan a la economía en un país donde es débil la institucionalidad y la corrupción campea por su respeto pese a amagos de revertirla.

Construcciones majestuosas, aunque no siempre emparentadas con el buen gusto y por lo general vacías como si por sus pasillos arrastraran muertos, son apenas una de las señales de la necesidad de muchos de sanear capitales sin la más mínima intención de contribuir al menos a la salud de su pueblo.

Tales edificaciones, que proliferan en zonas capitalinas como la 10, la 14, y la Carretera a El Salvador, son esa suerte de monumentos en los cuales queda perpetuada la urgencia de sanear finanzas acumuladas por el narcotráfico, la trata de personas, la venta de armas y otras actividades ilícitas.

En tanto, crece la pobreza en decenas de barrios y ni hablar para el interior del país, en particular donde es mayoritaria la población indígena y campesina, y un derecho esencial como lo es el acceso al agua está por alcanzar. Las cifras hablan por sí solas: más del 50 por ciento de la niñez guatemalteca padece desnutrición aguda y 53.3 por ciento de las personas están reducidas a la pobreza, acorde con estadísticas oficiales y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Según el Banco Mundial, la población migrante global supera los 214 millones y ello está estrechamente ligado a las asimetrías entre países ricos y pobres, pero también a las facilidades que ofrecen los nuevos canales abiertos por el proceso de mundialización.

En ese contexto, el Triángulo Norte de Centroamérica es más mirado que nunca, porque cada vez son más niñas, niños y adolescentes los que están participando del flujo migratorio y esto responde a las causas asociadas al incremento del fenómeno.

“Son muchos los factores que confluyen y en cada país es diferente. Sin embargo, la búsqueda de mejores condiciones económicas y de la reunificación familiar continúan siendo los que más inciden en esta región”, afirmó el jefe de Misión de la OIM en El Salvador, Honduras y Guatemala, Jorge Peraza. No obstante, puntualizó, también hay que considerar la violencia y el desplazamiento interno, pero el peso comparativo de un territorio a otro varía.

Explicó que por esas razones las estrategias de apoyo de la OIM van dirigidas a respaldar los programas que los gobiernos establecen en los diferentes ámbitos, porque mucho del trabajo que hay que hacer en cuanto al retorno y reinserción de las personas migrantes es a nivel local. A su juicio, este es uno de los países que debe fortalecer capacidades en ese orden.

“Los retos son tantos que en algún lugar hay que empezar”, expresó el funcionario, quien llamó a mirar el tema migratorio regionalmente y a darle relevancia a la multilateralidad del diálogo en torno a este.

De lo que se trata es de ajustar políticas en los países de origen, de destino, y de tránsito, para frenar las migraciones irregulares, expresó y subrayó la necesidad de que los estados traten de frenar factores desencadenantes, como la falta de oportunidades.

El accionar de estados policíacos y fallidos motiva que cada año unas 3 mil personas requieran los servicios de la Casa del Migrante de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, en Guatemala, compartió el padre Mauro Verzeletti.

“En nuestros países hay una gran confusión, porque lejos de implementar políticas públicas tendentes a impulsar el desarrollo humano, se sigue alentando el crecimiento económico sólo para unos cuantos y no para toda la población”, reflexionó.

El religioso destacó que “esa deformación es la que está en el sustrato de los grandes movimientos migratorios de las últimas décadas en América Latina y el Caribe”.

“Era necesario un cambio en las políticas migratorias, pero no como se entendió por parte de ciertos estados”, reflexionó y condenó la persecución a la población migrante, porque el acoso a quienes se movilizan de una a otra parte en busca de mejores condiciones de vida refleja lo fallido de algunos estados, que optan por convertirse en verdaderos estados policiacos antes de adoptar políticas públicas favorables a las mayorías.

“Hoy tenemos estados policiacos persiguiendo a personas, a través de la creación de fronteras, de la construcción de muros, de la delimitación territorial virtual con patrullas militares antinmigrantes, y otras medidas coercitivas. Estados policiacos y violadores del Derecho Humanitario, refrendado por múltiples tratados internacionales”, argumentó.

Asimismo, relató lo que impacta esa estrategia militarista, que va de la mano de las deportaciones o devoluciones de personas “innecesarias, injustificadas, y muchas veces atentatorias de los derechos humanos, de la dignidad, y del derecho de las familias a permanecer unidas”.

“En este ámbito, el derecho a migrar queda sepultado y cada vez es más recurrente la desintegración forzada de las unidades familiares. El Estado debe pensar cómo esas personas expulsadas van a vivir en sus lugares de origen. Es fácil detener, pero no es justo dejar a alguien en la calle a merced de la caridad o hasta de la muerte, por el riesgo que puede tener de regresar al barrio de donde huyó por la violencia”, afirmó.

La Casa del Migrante de Guatemala recibe un promedio anual de dos mil a tres mil personas, la mayoría provenientes de Honduras, de Nicaragua, El Salvador, Cuba, Palestina, y otros países de esta y otras regiones, pero también retornados de manera forzada por Estados Unidos.

“Estas personas reciben hospedaje, kit de aseo, ropas, alimentos; asistencia sicosocial, odontológica, y otros servicios de manera gratuita”, aseveró y reconoció las colaboraciones que reciben de varios grupos civiles, entre ellos la Asociación de Damas Hondureñas en Guatemala.

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