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La responsabilidad judicial de los funcionarios públicos

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RAUL FALLA

La Constitución Política, establece que los funcionarios y empleados públicos son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, pues su misión principal es servir al estado y no servirse de el.

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De la misma forma, la norma constitucional establece que el plazo para promover acciones judiciales en contra de los funcionarios o empleados públicos es largo en el tiempo, pues, el artículo 155 constitucional fija un plazo de 20 años para poder promover la acción civil de daños y perjuicios y la penal por el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena.

De esa cuenta, los administrados nos garantizamos perfectamente de que cualquier daño, perjuicio o hecho delictivo que los servidores públicos comentan en el ejercicio de su cargo, no quede impune y podamos presentar las acciones procesales respectivas durante ese periodo de tiempo, el cual, se reguló de forma holgada, precisamente para que luego de que se abandone el cargo oficial, puedan ser presentadas y en su caso, juzgadas de forma objetiva e imparcial sin que exista el temor de que los aliados del funcionario público demandado, puedan rechazarlas in limine como ocurre en la actualidad.

Es por ello que los guatemaltecos debemos estar confiados en que todos los hechos criminales cometidos por los malos funcionarios públicos que hoy ocupan estos puestos oficiales, serán juzgados, para que paguen ya sea con cárcel o con embargos de cuentas, propiedades, salarios, así como con extinción de bienes, todas las acciones ilegales cometidas.

Así por ejemplo, la fiscal general Thelma Aldana deberá enfrentar la justicia por haber sometido el MP a los designios del bellaco Iván Velásquez, quien con el engaño de perseguir a los aparatos clandestinos incrustados en el Estado, emprendió una persecución penal selectiva y desproporcionada en contra de tantos guatemaltecos honrados y honorables, quienes hoy no solo llevan más de dos años recluidos en prisión preventiva ilegal, sino que además no se les ha demostrado su participación en ningún crimen. Otro ejemplo es el del fiscal de pacotilla Juan Francisco Sandoval, quien ilegalmente solicitó la orden de aprehensión en contra del abogado Moisés Galindo para pretender de esa forma callar a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) en su lucha contra la corrupción y la impunidad que tiene a Guatemala sumida en una falta de inversión y desempleo.

También en contra de Yasmín Barrios, Miguel Ángel Gálvez Aguilar y Erika Lorena Aifán, los tres jueces de la impunidad, quienes en los últimos fallos se han caracterizado por retorcer dolosamente la Constitución y de esa forma demostrar erradamente un supuesto genocidio o por tratar a toda costa de imponer el pago de cuantiosas indemnizaciones a favor de los grupúsculos que navegando con bandera de defensores de derechos humanos o de miembros de la sociedad civil pretenden obtener en contravención al postulado constitucional regulado en el artículo 155.

Y por supuesto en contra del twittero pornográfico de Juan Francisco Solórzano Foppa, quien de nuevo no alcanzará la meta de recaudación fiscal excusándose en el tipo de cambio, en la falta de certeza jurídica, en el clima o cuanto factor externo a su mala gestión le impida cumplir de forma inteligente con su trabajo.

Las primeras luces del temor de retorcer la ley, empiezan a iluminar el camino de la justicia, cuando meses atrás, varios delegados de organizaciones que dicen defender los derechos humanos y la independencia judicial, cobardemente acudieron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a victimizarse, indicando que son perseguidos judicialmente por la FCT debido a las funciones públicas que realizan, cuando las gestiones judiciales que la FCT ha promovido cuentan con el soporte de las graves ilegalidades cometidas por estos sicarios judiciales.

Los malos funcionarios públicos al parecer olvidan que el cargo que desempeñan es transitorio y que mañana alguien más lo realizará y ese será el momento en que se podrán hacer valer todas acciones judiciales pertinentes para lograr procesarlos por los crímenes cometidos en el ejercicio de sus cargos, acciones que deberán enfrentar sin la protección que hoy les cobija el non grato, quien seguramente para todo eso estará disfrutando en alguna playa del mediterráneo la cuantiosa fortuna acumulada en su retorcida gestión.

Por ello, insto a los funcionarios públicos a que presten el servicio para el cual fueron contratados de forma legal, eficiente, en beneficio del Estado, con deseo de servicio y que no se presten a los sucios juegos de los que hoy pretenden a toda costa imponer un sistema socialista en nuestra Guatemala.

TEXTO PARA COLUMNISTA
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