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Evasión fiscal, un desafío permanente

Intervención de la SAT

 

Evasión es una palabra tan vieja como Sodoma y Gomorra. De acuerdo con su matriz latina, esta supone sustraerse, irse o marcharse de algo donde se está incluido. Pero en términos del derecho penal, se alude a la fuga de un privado de libertad; así como en el derecho tributario remite a quien evita cumplir con el pago de un tributo que legalmente adeuda.

Más allá de las disquisiciones lingüísticas, el habla coloquial guatemalteca es bien precisa y al referirse a los evasores deja clara la visión general: son unos cacos, unos ladrones.

Esa es a fin de cuentas la imagen que quedará de quienes durante una década burlaron el fisco al punto de privarlo de Q1 mil millones que pudieron ser utilizados en resolver problemas perentorios de la nación en materia de salud, educación, infraestructura u otros renglones.

171206 EVASIÓN FISCALInfografía: SAT

Y ello concuerda con lo establecido en el Código Penal de Guatemala, en su Artículo 358 A, según el cual incurre en el delito de defraudación tributaria “quien, mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, induzca a error a la Administración Tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria, de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva”.

Asimismo, ese reglamento define que los responsables de tales actos serán sancionados con prisión de 1 a 6 años, conforme con la opinión del juez respecto a la gravedad del caso, y con una multa equivalente al impuesto omitido.

Sin embargo, pese a la vigencia de ese cuerpo jurídico y a las acciones emprendidas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) desde el segundo semestre de 2016, las cuales le valieron el apodo de el Látigo al titular de la institución, Juan Francisco Solórzano Foppa, es evidente la recurrencia del delito.

Las últimas noticias confirmaron que todavía son muchas las personas que cometen ese crimen, por lo cual habrá que seguir insistiendo en una política de mano dura -sin sesgos, apolítica y justa- contra los evasores si se quiere avanzar en el propósito de sanear las finanzas de este país.

La actuación de los miembros de la red liderada presuntamente por Carlos Estuardo Estrada Cabrera es apenas uno de los ejemplos de lo mucho que podría tener en sus arcas este Estado centroamericano si cada uno de los contribuyentes aportara la contribución que le corresponde, de acuerdo con sus ingresos.

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Al mismo tiempo, es una muestra del descaro con el cual obran ciertas personas ligadas a las élites políticas y económicas del país, al punto de crear 170 empresas de cartón, a través de las cuales vender facturas falsas a otros aportadores al fisco.

El negocio de estas compañías fantasmas, suerte de vehículos para realizar diferentes operaciones empresariales sin contar con activos significativos u operaciones propias, era sencillo: vender tales documentos contables a quienes desearan llenar a su conveniencia con el fin de efectuar transacciones irregulares.

Gracias a eso lograron acumular tal nivel de ingresos que el ente recaudador guatemalteco calificó a este caso como el más fuerte de defraudación tributaria en la historia del país, en cuanto a la venta de facturas y precisó que en el mismo está enrolado poco más de un centenar de ganaderos de Petén e Izabal.

Otras personas vinculadas al sector agropecuario, en particular a la compra y venta de cardamomo y café, también pudieran ser parte de los culpables de este robo masivo al Estado.

Durante la presentación del caso a los medios de prensa, Solórzano Foppa precisó que Cabrera Estrada, en complicidad con cuatro notarios, buscaba a personas de baja escolaridad y recursos que aceptaran prestar su nombre para crear empresas de cartón y a cambio les pagaba Q1 mil 500 mensuales. Después de inscritas, estas organizaciones procuraban clientes con el fin de ofrecer las entidades de fachada.

En los últimos 10 años, esas empresas de cartón facturaron Q21 mil millones, conforme con lo cual pudieron haber generado una defraudación de Q1 mil millones, por lo que se está profundizando la investigación, declaró el funcionario.

La determinación de progresar en esa pesquisa guarda relación con una estrategia iniciada hace más de un año en aras de reducir la evasión fiscal en 50%, a partir de la aplicación de medidas y controles, tanto para contribuyentes individuales como jurídicos.

El plan, emprendido desde junio de 2016, tuvo como base un análisis que posibilitó detectar que solo en el servicio aduanero la comisión de ese delito generaba pérdidas por valor de Q9 mil 766 millones, o sea, el 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en Guatemala.

“En ningún país del mundo se puede cerrar la evasión y defraudación, pero nos hemos propuesto reducir en 50% la fuga de impuestos”, aseguró el titular de la SAT poco después de su nombramiento y confirmó que la entidad tenía un acumulado negativo de alrededor de Q19 mil 533 millones evadidos durante 2015, cifra equivalente al 4% del PIB en ese año.

La ofensiva desatada desde entonces por la SAT contra los defraudadores del Estado posibilitó recuperar Q782 millones adeudados por la productora de varillas Aceros de Guatemala y Q27,800 millones de la embotelladora Ajemaya S.A.; propietaria de la marca de bebidas gaseosas Big Cola para este país centroamericano. Poco después la institución recaudadora intervino la cadena de Farmacias Galeno por un adeudo de Q5 millones y a su similar La Comunidad, por Q5,800.

Solo de mayo a agosto de 2016 fueron intervenidas en total 10 empresas, investigadas por la fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público por sus incumplimientos, lo cual generó múltiples críticas a Solórzano Foppa, aunque al final logró cumplir con las metas establecidas para el término de ese año. Incluso, superar el 100.24 % los Q 53,5 millones fijados, para un total de Q 53,6 millones, de acuerdo con informes oficiales.

Para octubre de 2017, las autoridades de la SAT ratificaron la estabilidad del indicador, al informar una captación de más de 5% en los 10 primeros meses, con relación a igual período del año anterior. Sin embargo, reconocieron que todavía les faltaba mucho para cumplir con el propósito inicial de Q6.363,5 millones al cierre de diciembre.

De ahí que, según el superintendente, decidieran impulsar algunas medidas administrativas para disminuir la brecha antes de acabar el año. Entre estas adelantó la eventual realización de Q65 mil fiscalizaciones en comercios, condominios, edificios de apartamentos y centros educativos, para establecer si cumplen con las obligaciones tributarias.

Además, trabajarán en un plan específico focalizado con los grandes contribuyentes, para verificar su desempeño tributario.

El desafío es grande. Máxime si se considera que son múltiples las formas, en las cuales los negligentes procuran burlar al fisco en Guatemala.

Investigaciones realizadas dan cuenta de maniobras como la emisión adulterada de declaraciones de los diferentes objetos de impuestos, tales como ventas, producción e importación. También refieren la alteración deliberada de las cifras consignadas en las declaraciones para el pago de impuestos; la adquisición ilegal de facturas por compras o servicios recibidos sin que se haya realizado el acto necesariamente, para aumentar los gastos y obtener crédito fiscal; y la simulación de actos mercantiles o formalización de estos con datos falsos.

Pero esta es una problemática que afecta a buena parte del mundo y la divulgación de los Papeles de Panamá o de los del Paraíso pusieron en la palestra lo peor de ella, el que es asumida lo mismo por personas comunes como por grandes figuras de la escena política, de la industria del entretenimiento, deportistas y otros en el mundo.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló, por medio del diario alemán SüddeutscheZeitung, que el fraude en el caso de Papeles del Paraíso acumulaba más de 60 años y medios como The Guardian y el New York Times, validaron la autenticidad de la información obtenida mediante la revisión de 6.8 millones de documentos provenientes de la división de servicios corporativos del bufete Appleby, con sede en Bermudas.

Tanto la oficina jurídica caribeña, con más de 119 años de ejercicio en esa rama, como su socia en esta trama de irregularidades, la Asiaciti Trust de Singapur, centraron sus esfuerzos en el establecimiento de estructuras fiscales ilícitas para mantener anónimo al verdadero beneficiario de bienes, lograr mejor optimización fiscal o evitar el pago de impuestos.

De tal suerte, se convirtieron en una guarida fiscal, en la cual encontraron acomodo ciertos ciudadanos y empresas acaudaladas de varias partes del mundo, interesadas en favorecerse de la aplicación de un régimen tributario reajustado a sus expectativas económicas.

El ICIJ también fue responsable de la difusión del conocido caso Papeles de Panamá en 2016, que de igual modo colocó bajo la lupa pública los negocios y secretos tributarios de cierta población privilegiada de distintos países.

Entre los 127 implicados en Papeles del Paraíso están corporaciones, líderes políticos y artistas famosos que recurrieron a los servicios offshore para crear mecanismos capaces de rebajar de manera drástica el pago de impuestos, lo que dejó en entredicho su nombre, integridad y rectitud.

Entre los casos más destacados aparecieron el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ligado a la empresa Navigator Holdings. Este poseía 31.5% de las acciones junto a GennadyTimchenko, Leonid Mijelson y KirillShamalov, quienes también son accionistas principales de la petrolera rusa Sibur.

Asimismo, el ministro argentino de Finanzas, Luis Caputo, emergió como administrador irregular de un fondo de inversión con actividades en Islas Caimán y Delaware, Estados Unidos, antes de que asumiera funciones como titular de esa cartera de Gobierno.

Otra celebridad acusada de participar de los actos delictivos es Isabel II, reina de los británicos desde 1952, quien recibió beneficios millonarios de sus inversiones tecnológicas en la sociedad Dover Street VI CaymanFundLP. La empresa, inscrita en las islas Caimán durante el 2005, llegó a manejar 7.5 millones de dólares a través de su ducado como cuenta personal.

En el mundo de la farándula, quedó manchada la imagen de la afamada cantante Shakira. Según las fuentes, la colombiana esposa de Gerard Piqué movió sus derechos musicales en 2009 desde una empresa de Luxemburgo a otra de Malta, un país en el que se pagan muy bajos impuestos.

En 2007 la artista también creó la sociedad Malta Tournesol Limited, de la cual es la única accionista, aunque su expareja Antonio de la Rua figuró como director hasta el año 2011. Los archivos sugieren que esa compañía aumentó su valor dos años después de su fundación a 31 millones de euros.

Otro mencionado en esta lista oscura fue el fabricante de artículos deportivos Nike que fue acusado de crear sociedades offshore en las Bermudas, a las cuales sus filiales pagaron cientos de millones de euros para poder utilizar los derechos de la marca. Además, Uber, Facebook y Allergan, aunque sus directivos presentaron sendos descargos ante la opinión pública para desmarcarse del escándalo.

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