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Infracciones internas a la independencia judicial (I)

Es frecuente que las salas de Apelaciones, en su función de revisar recursos de apelación, decidan: “Se revoca la resolución venida en grado, debiendo dictar el ´A quo´ la resolución que en derecho corresponde de acuerdo a lo resuelto por esta Sala” o bien, “Se revoca la resolución recurrida y se ordena al Juez que dicte nueva resolución de conformidad con los razonamientos de esta Sala”.

Se manda al juez resolver conforme al criterio manifestado por las Salas de la Corte de Apelaciones, es decir, resolver de forma distinta a su criterio judicial.

Según el artículo 409 del Código Procesal Penal, las Salas de Apelaciones solo  tienen admitido pronunciarse sobre los puntos a que se refieren los agravios lo que les permite confirmar, revocar, reformar o adicionar la resolución, pero no dar órdenes al juez, tomándose en cuenta que entre jueces no existe jerarquía sino solo competencias distintas.

Lo resuelto por dichas Salas riñe con la característica de la competencia, que, según la doctrina, es indelegable, improrrogable, imprescriptible e inderogable, y con el artículo 113 de la Ley del Organismo Judicial, el cual estipula: “la función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad”.

Sin embargo, se delega a los jueces dictar la resolución que la Sala conoció en grado, cuando solo les corresponde confirmar, revocar, reformar o adicionar al fallo apelado y no delegársela a dichos jueces, pues ya resolvió.

Eso evidencia intromisión indebida en la función jurisdiccional del juez A quo y violación a la independencia judicial interna, como lo expresa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia López Lone Vs. Honduras, al resolver: “los Principios Básicos de Naciones Unidas disponen que los jueces resolverán los asuntos que conozcan “basándose en hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”. Asimismo, dichos principios establecen que “[n]o se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial”.

La sentencia añade que la independencia de los jueces debe ser garantizada incluso al interior de la rama judicial y que el “objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación. Los justiciables tienen el derecho, derivado de la Convención Americana, a que los jueces que resuelven sus controversias sean y aparenten ser independientes.”

El juez debe ejercer su función judicial sin esperanza de recibir nada a cambio y sin miedo, solo a la luz de la Ley, Constitución y Tratados Internacionales, su independencia es una garantía para la población.

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