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Del hambre y los malos manejos económicos en Guatemala

171205 HAMBRE GUATEMALA

Según el Índice Global del Hambre 2017 (GHI, por sus siglas en inglés), Guatemala es uno de los 44 países marcados por lo extremadamente grave de la situación en ese sentido, debido a que durante la evaluación de este año apenas logró obtener 20.7 puntos, por debajo de los 22.2 obtenidos en 2008.

El bajo consumo calórico, la desnutrición y la mortalidad infantil, fueron tres de los indicadores evaluados a partir de los datos acumulados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial (BM), el Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil (IGME) y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI).

Por lo general, las cifras manejadas por esos organismos son aportadas por las autoridades del país, para quienes los resultados obtenidos en ese estudio están asociados a causas estructurales que impactan la seguridad alimentaria.

La tenencia de tierra, el cambio climático y el incremento de la pobreza son los factores que más conspiran en detrimento de la solución de la problemática del hambre en Guatemala, conforme con el subsecretario técnico de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), Rafael Salinas.

Mientras que otros sectores insisten en que no todos los esfuerzos están centrados en resolver un asunto tan lamentable y esgrimen la baja ejecución del monto contemplado en el presupuesto de varias instituciones para este año como ejemplo de la escasa atención estatal al tema, con base en el presupuesto que pudieron dedicarse muchos fondos a tratar de aliviar esa triste realidad.

Para el mes de noviembre de 2017, la ejecución presupuestaria apenas rondaba el 68% como promedio y sólo sobrepasaban esa cantidad algunos ministerios, como el de Trabajo, Salud y Educación. En tanto los gastos por funcionamiento seguían marcando los derroteros en unas estadísticas muy controversiales.

Desde finales del primer semestre del año ya se avizoraban desajustes en ese sentido. Conforme con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas, hacia el mes de junio el indicador estaba en 36.26 % y entre los señalados por su escasa erogación estaba la cartera de Desarrollo Social, con apenas 8.53%, o sea, Q78.3 millones de los Q923 millones presupuestados.

Programas de esa institución, como el de Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos, sólo había ejecutado Q123.5 millones y pagado Q7.9 millones. Algo similar ocurría con otras dependencias, en su mayoría por debajo de los 10 puntos porcentuales.

Sin embargo, en la acera del frente aparecía la Presidencia de la República con un 39.35% de los Q207 millones asignados, sobre todo por las erogaciones para los servicios de seguridad del presidente y del vicepresidente (41.3%).

Mientras, varias voces insisten en que el accionar del Ejecutivo contra el hambre está marcado por la improvisación, a pesar de contar con datos más o menos claros de la incidencia de ese mal en el territorio desde 2013 y por ende, con un punto de partida para atacarlo.

A juicio del diputado Germán Velásquez, miembro del Frente Parlamentario Contra el Hambre, capítulo Guatemala, una de las incongruencias en la estrategia encaminada a acabar con la desnutrición es lo que ocurre en torno a la refracción o merienda escolar desde el Ministerio de Educación (MINEDUC).

Esta no llega a todas las niñas y niños necesitados de ese alimento al menos en el primer tiempo de comida, ni en el área urbana, ni en la periurbana, ni en la rural, y ello tiene que ver con que los directores departamentales de esa cartera desconocen cómo proceder y con las trabas burocráticas que frenan a los padres, señaló.

“Para que la refacción pueda llegar deben crearse las organizaciones de padres de familia (OPF), con la participación de los docentes. El problema es que estos no pueden sumarse porque no están validados como tal por el renglón 011, sino que aparecen como contratados por el 022”, especificó el legislador.

“No hay refacción escolar al 100 %. Se ha puesto muy burocrática esta situación y eso desespera a los padres de familia, que deben tener personería jurídica y firmar documentos de compromiso, mediante los cuales quedan sujetos por 20 años, para poder entregarles los fondos del Estado”, enfatizó y recordó que sin los padres de familia no puede concretarse la entrega de la merienda, pues de acuerdo con la Ley Orgánica del MINEDUC, ellos deben integrar esas estructuras para darle transparencia al proceso.

“Sabemos que allí tenemos el problema, le ponemos tanta burocracia, que obviamente los padres de familia nunca van a participar”, opinó el exgerente del Instituto de Fomento Municipal (INFOM, 2013-2015), para quien valdría la pena retomar la capacitación mensual a los gobernadores y la validación de datos en los departamentos, de conjunto con los representantes regionales de los 14 ministerios de Guatemala.

A MODO DE RECORDATORIO

La VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI, 2013-2014) reflejó que el 46.5 % de las niñas y niños menores de cinco años padecían desnutrición en Guatemala y que la incidencia de la problemática era mayor en áreas rurales (53). El estudio mostró, además, que la desnutrición crónica también afectaba a 34,6 por ciento de los menores de cinco años de edad en zonas urbanas.

En su discurso inaugural como presidente, Jimmy Morales definió que acabar con el flagelo era una de sus prioridades y el 26 de febrero de 2016 fue publicado el acuerdo gubernativo que dio vida a la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica, cuya reunión primera redundó en la creación de subcomisiones para implementar la estrategia.

Otro canal abierto para reducir el flagelo es el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (Paffec), asociado a la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, y respaldado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Durante la presentación del plan, el 17 de febrero de 2017, el comisionado Andrés Botrán planteó que abarcaría a cuatro departamentos e involucraría al Mspas, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a la Sesan y otros.

Mas por ahora Guatemala continúa apareciendo a los ojos del mundo como una de las sociedades más desiguales y, por consiguiente, con mayores índices de exclusión social. La ecuación es simple: más de la mitad de la población apenas sobrevive en la pobreza, otro grupo bastante amplio escapa por muy poco de ello mas no tanto como para conciliar el sueño sin sobresaltos, y una microfracción goza de lujos inimaginables sin preocuparse por mañana.

Datos oficiales probatorios de esa realidad existen muchos y muy reveladores, aunque es harto conocido que las mediciones oficiales suelen estar muy lejos de reflejar el tamaño real de la desigualdad y esconden subregistros nada despreciables bajo distintas figuras.

Por ello, cobra más urgencia acabar de redefinir políticas y aprovechar la continuidad de un presupuesto ya trabajado, para repasar sus puntos flacos y dedicar mayores recursos a reducir la vulnerabilidad de quienes cada día apenas sobreviven con menos de un plato de comida al día en un país donde por muchas partes sobran las muestras de opulencia.

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