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Guatemala en la ruta de la economía verde

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Guatemala es uno de los 10 países más vulnerables ante el cambio climático, según el Índice de Riesgo Climático Global 2014, y por ello cada año está sujeto a la amenaza de eventuales desastres derivados de la incidencia de este tipo de fenómenos.

Con base en ese presupuesto, el Gobierno procura avanzar en una hoja de ruta para desarrollar la llamada política verde, lo cual pudiera implicar una atención más pormenorizada y eficaz a los impactos de esa problemática.

Conforme con lo planteado en el ámbito de la Conferencia Internacional sobre Economía Ambiental, celebrada en la ciudad de Antigua Guatemala, la perspectiva es diseñar una estrategia nacional para el desarrollo sostenible y con ello garantizar la reducción de las causas que inciden en la recurrencia de inundaciones, sequías, y otros eventos climatológicos, en detrimento de la población más vulnerable.

Pero la estructuración de una política seria en ese sentido requiere de la combinación de intereses de todos los sectores guatemaltecos y por ello debe partir de un diálogo entre estos, cuyo resultado dependerá mucho de la capacidad que demuestren las autoridades para sensibilizar con la urgencia de seguir apostando por el crecimiento económico, sin perder de vista el cuidado de las cuantiosas riquezas naturales que conviven en las escasas 41,700 millas cuadradas del territorio.

171204ECONOMÍA VERDEFoto: http://www.deguate.com

Guatemala es de los 10 países más afectados por su alta vulnerabilidad ante el cambio climático.

Uno de los elementos más favorables del también conocido como Estado verde es su potencialidad para contribuir a la modernización del sistema productivo, a partir de la introducción de tecnologías de punta desarrolladas para contrarrestar los daños al medioambiente y al ecosistema.

Por supuesto, ello requiere de la erogación de fondos considerables, algunos de los cuales pudieran llegan por vía de las donaciones de organismos internacionales o de la disposición del empresariado a invertir en aras de transformar el agro con vistas a mitigar los golpes provocados por el cambio climático. Mas, también de la voluntad estatal para definir presupuestos y hasta una normativa de contrataciones, que tenga como eje el respecto al cumplimiento de las normas en materia ambiental en todas las esferas.

De acuerdo con el viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal del MINFIN, Lionel López, Guatemala tendrá en el transcurso del año entrante un documento destinado a regular e incentivar el uso de vehículos limpios en el país, como parte del paquete de medidas que pudieran impulsar el cumplimiento de los compromisos contraídos al adherirse al Acuerdo de París sobre cambio climático (2015).

La aceptación de ese Tratado, elaborado en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, implicó la promesa de reducir en 11.2 puntos porcentuales las emisiones para 2030, con relación a las reportadas en 2005.

Y ello sería fácil de lograr, si Guatemala tuviera un comportamiento similar al del resto de las economías que giran alrededor de la agroexportación y no fuera de los que emiten más gases de efecto invernadero que los que absorben, pese a tener grandes potencialidades para sumarse como pulmón del mundo.

SEÑALES DE ALERTA

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El país tiene 336 áreas protegidas declaradas, que equivalen a más del 32% del territorio.

De 1990 a 2015 la emisión de gases de efecto invernadero desde Guatemala aumentó 140 puntos porcentuales, alertó el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y precisó que los máximos responsables del ascenso de esa cifra fueron el sector de la energía y la agroindustria.

El empeño en producir energía no renovable, mediante plantas térmicas de todo tipo; así como el de seguir impulsando la deforestación vinculada al cambio de uso de la tierra, para expandir los monocultivos de caña de azúcar, banano, plátano, piña, caucho o hule, entre otros destinados a la exportación, cobran factura, conforme con el análisis.

Este refleja, además, que los sectores que menos GEI produjeron en ese período fueron el industrial, con apenas 5%; y el de desechos, con 4%.

Para el cierre de 2016, pareciera que algo se movió en ese aspecto, pues de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) fue el transporte el mayor emisor de GEI en Guatemala.

De ahí que la entidad esté dispuesta a implementar un programa con el propósito de alentar el uso de tecnologías para la eficiencia y el ahorro energético, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

El proyecto prioriza el uso de fuentes de energía renovables para diversificar la matriz de generación, mediante la sustitución del uso de leña -que cubre el 55% del consumo energético- por nuevas fuentes.

La perspectiva es reducir los GEI en un 29.2 % para 2032, con lo cual se evitarían 11,9 millones de toneladas de dióxido de carbono en el medioambiente.

La concreción de tales planes sería muy favorable por muchas razones, que incluso trascienden fronteras, porque si bien el país continúa entre los que emiten relativamente pocos gases, el sostenimiento del despegue en ese orden pudiera acarrear la conversión del territorio en uno que contribuya en forma directa a la contaminación planetaria.

Esto dejaría por tierra la admiración ganada por Guatemala, gracias a la enorme biodiversidad y endemismo que posee, y peor todavía: al ser uno de los más vulnerables a los efectos de la variabilidad, las consecuencias del cambio climático serían más terribles cada día, con grandes probabilidades de superar el dolor causado por tormentas como Stan y Ágatha, cuyas pérdidas rebasaron los 8 mil millones de dólares, cada una.

REALIDAD CONTINENTAL

Las estadísticas mucho aportan a las de un continente, en el cual los fenómenos asociados al deterioro climático dejaron pérdidas por valor de 3.5 millardos de dólares de 1982 a 2011. Puentes destruidos, carreteras colapsadas, y todo tipo de edificaciones derrumbadas o perjudicadas en distinto grado, son apenas algunos de los saldos de este proceso, que igual atenta contra la seguridad alimentaria de los pueblos.

De tal suerte, cobra gran significado la propuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que define la economía verde como aquella que da lugar al mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras que se reducen los riesgos medioambientales y la escasez ecológica.

Las primeras alusiones al tema tuvieron lugar en la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20, 2012) y desde entonces las opiniones siguen divididas en torno al enfoque adoptado. Más allá de la controversia, está la suspicacia respecto a una nomenclatura directamente asociada al texto de Michael Jacobs, difundido previo a la Cumbre de la Tierra (1991).

The Green Economy marcó a todos los estudiosos de estos temas e incluso a políticos interesados en profundizar en la economía socioecológica, por cuanto aportó nuevos argumentos al debate relativo a la malsanidad del capitalismo salvaje, como lo denominó el papa Juan Pablo II.

Cierta o no la relación de estas tesis con la propuesta del PNUMA, el concepto invita a pensar en la inseparabilidad de las 3 vertientes de la sostenibilidad -la social, la económica y la ambiental-, con el objetivo de promover las situaciones en las que se beneficien los 3 aspectos y, cuando las soluciones intermedias sean inevitables, apoyar las decisiones sensatas con la información y datos adecuados.

Los participantes en la Conferencia Río+20 acogieron el enfoque de la economía verde como una herramienta importante para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, conscientes de la oportunidad que ello ofrecía en medio de las variaciones mundiales y ante la necesidad de resolver problemas perentorios para la humanidad como su propia subsistencia.

Vale considerar que la economía verde responde a las crisis mundiales económicas, sociales y financieras, mediante la redistribución del capital natural, social y financiero, con vistas a generar beneficios para el desarrollo económico, la equidad social y la protección del medioambiente. A su vez, refleja un cambio de paradigma hacia un enfoque holístico donde se valore la naturaleza y el medioambiente, el bienestar humano y el desarrollo económico.

Guatemala tiene un largo camino por recorrer, más allá de los pronunciamientos en medio de una cita internacional. El reto está planteado, los días dirán.

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