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Presupuesto 2018: persiste el contrapunteo

170720 congreso calamidad

Contrario al vaticinio de ciertos analistas, parece más cercana la posibilidad de que el plan de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 del Ejecutivo sea aprobado con las reducciones fijadas por la Comisión de Finanzas del Congreso, y pese a la polémica en torno al impacto negativo que pudieran traer la aplicación del proyecto con esos recortes.

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Aunque con un mínimo de votos, el gobierno de Jimmy Morales logró superar la primera lectura en el plenario y conforme con lo acordado, este pudiera quedar aprobado en tercera lectura en la sesión permanente el último día establecido por la ley para cumplir el trámite, es decir, este jueves 30 de noviembre.

Dicho de otro modo, con la anuencia de 81 diputados, la controversial iniciativa probablemente gane el pase en el último día en ley para su legitimación. Sin embargo, las dudas giran alrededor de las posibilidades de cumplir con el requerimiento de analizar la propuesta y votar por ella por artículos y redacción final.

De acuerdo con lo apalabrado el domingo durante una reunión con el mandatario, en la Casa Presidencial, los jefes de bloque optaron por calzar los esfuerzos del oficialista Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación) para impulsar el proceso so pretexto de cumplir con un mandato constitucional.

Quizás quedaron para muchos  al margen los remilgos por una iniciativa que, lejos de resolver problemas perentorios de casi todas las instituciones, implicaría una camisa de fuerza mucho más asfixiante que la que tuvieron que sostener hasta este mes. O al menos esa parece ser la perspectiva de los diputados de la Alianza Ciudadana (AC), del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Bloque Reformador (BR), de Unión del Cambio Nacional (UCN) y algunos de Todos.

Hasta la fecha apenas continúan aferrados al no los parlamentarios de Convergencia, Winaq, Creo, Encuentro por Guatemala (EG), Visión con Valores (Viva), Fuerza y otros de Todos, AC e independientes.

Por su parte, la nomenclatura de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ratificó su convicción de optar por el veto a un plan presupuestario de apenas Q84.5 millardos y un sinfín de críticas, por parte de economistas de distintas tendencias o corrientes de pensamiento.

Hoy es el último día que tienen los diputados al Congreso para aprobar el Presupuesto 2018.

OPINIONES ENCONTRADAS

A juicio de los expertos, las estimaciones de ingresos muestran una sobrevaloración, lo cual repercute de forma directa en el incremento del presupuesto de egresos, sin que existan recursos que den soporte a los gastos programados.

Otro de los señalamientos guarda relación con que la estrategia de financiamiento refleja que la relación de adquisición de deuda es de 70% bonos del tesoro y 30% de préstamos externos. Ello implicaría obtener recursos a un precio más elevado, si se considera que la tasa promedio de los bonos es mayor a 5 puntos porcentuales y la de préstamos está por debajo de 4.

Paralelo a esto, la mirada crítica está depositada en que los recursos provenientes de donaciones reflejan una tendencia a la baja. Factor pese al cual el Gobierno optó por incrementar el techo presupuestario por concepto de donaciones, aunque carece de ingresos que respalden esta decisión.

Más allá de eso, es cuestionable para algunos que los principales rubros de gasto correspondan al pago de servicios personales (29.3%) y a transferencias a terceros (36.6%), corrientes (22.1%) y de capital (14.5%). Así como a pagos de deuda pública (15.1%), lo cual evidencia que las políticas del Gobierno continúan dejando a la zaga las asignaciones capaces de garantizar la prestación de bienes y servicios.

Según un estudio realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES), uno de los aspectos más cuestionables en este proyecto es la sostenibilidad de la colocación de bonos del tesoro para financiar gastos de funcionamiento, algo que consideran debe ser reanalizado en virtud de la existencia de una normativa que prohíbe ese acto, pese a que la ley anual faculte a realizar tales erogaciones.

Este programa para 2018 refleja una continuidad en la metodología de asignación de recursos y eso es una buena prueba de la proclividad de las autoridades a no tomar en cuenta el comportamiento de los ingresos y los gastos.

Por su parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), advirtió que la política fiscal y el presupuesto de Guatemala deben ser comprendidos como columna vertebral de cualquier proyecto de nación y por ello alentaron a involucrar a la ciudadanía en el tema, algo que sigue faltando en medio de estos procesos anuales.

“El dictamen que presentó la comisión deja dudas sobre la calidad que pudiera tener la ejecución del presupuesto, con las reglas que le han impuesto”, opinó el director de esa entidad regional Jonathan Menkos, para quien el artículo 94 del dictamen señala una preautorización de algo que podría significar un incremento de la posibilidad de pagos de deuda de arrastre que mantienen sobre todo los Consejos Departamentales de Desarrollo (COCODES) para infraestructura pública, pero sin el límite de los Q875 millones vigente.

Menkos dejó entrever, además, que el peor escenario sobrevendría si finalmente no logra aprobarse el plan para el próximo año, con todo y sus debilidades. Esto implicaría que el Gobierno tendría que continuar funcionando con el vigente todavía, igual marcado por las críticas de los especialistas.

Esa posición es compartida por varias voces que, tras un repaso exhaustivo de lo aprobado por la Comisión de Finanzas del Congreso, abogan por sostener el presupuesto con el cual operó la administración de Morales estos meses antes de darle curso libre a un recorte cuando menos lacerante para instituciones públicas de notable sensibilidad para la población como el Ministerio de Salud y Asistencia Social.

Téngase en cuenta que el dictamen elevado al plenario por los miembros de esa instancia parlamentaria disminuye en Q700 millones los fondos para programas de salud y deja solo Q50 millones para la Secretaría de Bienestar Social. Paralelo a esto, reduce a Q695 millones los recursos para el pago de la deuda pública, ascendente a 56% en 2016.

ESTADO IDEAL

De cara a las interrogantes que deja una propuesta cuando menos signada por la debilidad, a ojo de buen cubero, las mentes más preclaras sugieren readecuar las estimaciones en correspondencia con el comportamiento histórico de estos en el país, si finalmente tuviera que pasar al próximo año la discusión relativa al presupuesto y hacerse ajustes en el que arrastraríamos.

Otra recomendación es modificar la estrategia de financiamiento a través de deuda pública, que a la larga pondrá en riesgo la sostenibilidad de las operaciones de crédito público. Y promover una revisión de la tarifa impositiva, así como de aquellos tributos que tienen un destino específico. De tal suerte, pudiera lograrse una mayor flexibilidad presupuestaria para reorientar el gasto a las intervenciones que demuestren mayor eficiencia y eficacia, en particular las orientadas a las funciones de justicia y seguridad.

Este punto es de particular importancia para buena parte de la ciudadanía, que movida por el dolor de las muertes y baños de sangre de cada día (16 homicidios diarios aproximadamente), llegó a reclamar incluso la aplicación de la pena de muerte contra los criminales que a pesar de muchas acciones continúan campeando por su respeto en un territorio visto como uno de los más violentos de América Latina y el Caribe.

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