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Justicia Indígena en tela de juicio

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La semana pasada ocurrió un hecho que ha indignado a la mayoría de guatemaltecos y al mundo entero.  Los líderes comunitarios de Sololá, juzgaron y condenaron a 15 azotes al subcomisario de la Policía, Edilberto López Godínez, por encontrarlo culpable de integrar una banda de extorsionistas.

Resultó que el comisario López no era miembro de la banda ni había extorsionado a nadie.  Recibió igualmente los 15 azotes.  Tuvieron que llevarlo a un hospital para su recuperación.  Ya se pronunció el Procurador de los Derechos Humanos y altos funcionarios de Gobernación, criticando el actuar de estos líderes indígenas por violare los derechos humanos.

Para terminar de rematar esta indignante historia, los líderes comunitarios y varios alcaldes emitieron un comunicado pidiendo respeto a sus decisiones.  En pocas palabras, no aceptan críticas por considerarlo discriminatorio y una falta de respeto.

El alcalde indígena de Sololá, Tomás Saloj, quien participó en el juicio comunitario y fue uno de los que ejecutaron el castigo, justificó su actuación indicando que “Si nosotros -Autoridad indígena- no actuamos, la gente se nos va encima”.

No voy a entrar en detalles, basta esto para poder sacar algunas conclusiones y algunos cuestionamientos.  Considero que la justicia indígena funciona pero que debe tener un límite.  Funciona para ciertas cosas menores que evitan que los tribunales de justicia se saturen.  El castigo implica la exposición y confrontación del acusado con la comunidad y sus familiares, lo cual causa una enorme vergüenza en quien cometió un delito.  Esto ha funcionado en jóvenes que han cometido un acto criminal como estos robos, que luego de ese momento de vergüenza deben también resarcir el daño a sus víctimas.

Considero que no se debe violar la integridad del acusado.  No puede ser que hoy en pleno Siglo XXI todavía se estén dado castigos físicos como los azotes a quienes han sido encontrados culpables.  Y vaya castigo, pues quienes los reciben paran en el hospital por las heridas causadas.  Es una barbarie.

Tampoco considero que los alcaldes deben juzgar temas más delicados como violaciones, asesinatos, extorsiones, etc.  Estos casos deben pasar a los tribunales de justicia del país para que las personas acusadas tengan garantizados sus derechos de defensa y en base a un debido proceso puedan ser juzgadas y castigadas si son culpables, pero de acuerdo a las leyes del país.

Me preocupa de sobremanera el que el acusado pueda defenderse como debe ser.  En este caso, el comisario era inocente pero la presión del pueblo sobre el alcalde hizo que igual le dieran los azotes.  ¿Es justicia actuar por la presión del pueblo?  Definitivamente no.  Las autoridades indígenas no deben lavarse las manos como lo hizo Poncio Pilato, dejando que el pueblo linche a sus víctimas.  Para esto está la justicia que es y debe ser ciega dentro de un Estado de Derecho en el que se actúe con todas las garantías para que las víctimas sean resarcidas y los victimarios castigados, pero siguiendo un debido proceso.

Finalmente, debo reconocer que parte del problema por el cual las autoridades indígenas acuden a este tipo de justicia es para evitar mayores daños a los acusados. Posiblemente, el pueblo enardecido hubiera linchado y quemados vivos a los extorsionistas, cometiendo injusticias al quemar a un inocente y aplicando castigos que no están relacionados con el delito. Aun así, las autoridades indígenas deben aceptar las críticas y ponerles límites a sus acciones y erradicar ciertos castigos que hoy en día, en un mundo civilizado, son inaceptables.

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