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Duro golpe a la independencia judicial

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COLUMNISTA

La independencia judicial es una garantía constitucional, que otorga a jueces y magistrados no solo la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado, sino que además, una libertad e independencia para resolver de acuerdo a su criterio jurídico las contiendas que se les presentan, sin más limitación que la observancia a la Constitución y la ley.

Esa garantía constitucional, asegura que los jueces tengan la plena y completa libertad para fundamentar sus decisiones, con base a las pruebas que se les presentan, sin que ninguna de las partes en contienda, tenga tan siquiera el derecho de influir en la decisión judicial, mucho menos presionar o coaccionar al juzgador, pues en el caso de que la resolución dictada no sea del  agrado de alguno de los interesados, tienen incólume la vía impugnativa para hacer valer su pretensión ante una autoridad superior, a efecto de que se revise nuevamente el fallo y en su caso se modifique, confirme o revoque la resolución impugnada. Este es el único procedimiento que, de acuerdo a las normas del debido proceso deben seguir los litigantes para atacar las resoluciones judiciales.

Sin embargo, desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala inició sus actividades en el país, la independencia judicial se ha visto limitada y pisoteada, por las continuas e ilegales acciones que personeros de esa entidad han utilizado, no solo para revertir las resoluciones judiciales desfavorables a sus intereses, sino que además, para infundir miedo y temor en los demás funcionarios judiciales, sobre que si no se pliegan a los intereses ilegales de estos malandros serán objeto de sendos ataques mediáticos y jurídicos a través de la promoción de antejuicios espurios en su contra.

Es de conocimiento general que el juez Mynor Vinicio Moto Morataya, es un profesional del derecho altamente competente y que durante el transcurso de tiempo que ha estado a cargo del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, ha demostrado su alta profesionalidad, así como su objetividad e imparcialidad para resolver las contiendas que se le presentan, tal y como lo demostró en el caso de los Hermanos Valdés Paiz, quienes de forma ilegal fueron  sindicados y encarcelados por un crimen que no cometieron, pues al final se logró establecer que el colaborador eficaz de la CICIG Luis Mario Paz Mejía, mintió en su declaración por orden del colombiano Luis Fernando Orozco, lo que originó el cierre definitivo del proceso por este intrépido juez de instancia penal.

O el caso conocido como Bufete de la Impunidad, aquel por virtud del cual se vinculó y encarceló a una juez y varios abogados defensores, supuestamente por haber fraguado el otorgamiento de medidas sustitutivas a favor de varios procesados. Proceso que, al igual que en el anterior, se logró determinar que el colaborador eficaz del Ministerio Público y la CICIG, Salvador Estuardo González Álvarez, un delincuente confeso, declaró falsamente hechos con tal de librarse de una condena merecida, lo que originó que el osado juez, Mynor Moto Morataya, una vez más hiciera valer su criterio judicial, resolviendo clausurar provisionalmente el proceso.

Estas resoluciones judiciales apegadas a derecho, le valieron hoy al juez Mynor Moto, para que el Ministerio Público y la CICIG, de forma ilegal le promovieran una antejuicio y lo incluyeran en las lista de los jueces de la impunidad, todo por no plegarse a sus intereses foráneos y hacer valer de forma estoica la independencia judicial, para de esa forma impedir a toda costa que personas inocentes fueran perseguidas o encarceladas de forma ilegal e inhumana.

No es posible que funcionarios judiciales imparciales de la talla del juez Mynor Moto, sean coartados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales por un fiscal de pacotilla como Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien responde a los designios malvados de un extranjero sociópata  y cobarde que, utilizando medios ilegales pretende violentar nuestra Constitución Política, atacando directamente al poder judicial y a sus buenos jueces por un lado, mientras por el otro, aplaude el trabajo de jueces corruptos como Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Jazmín Barrios o Erika Lorena Aifán Dávila, quienes por plegare a sus intereses dolosos, son galardonados con reconocimientos y distinciones nacionales e internacionales.

Al final, ¿qué podemos esperar de un tipo como Velásquez Gómez?, acusado en su natal Colombia de graves actos de corrupción y de utilizar testigos falsos en las persecuciones penales que promovió en contra de varios personajes públicos, que criticaron sus métodos amañados, actividades ilegales que le valieron para que el Secretario de la Organización de las Naciones Unidas lo nombrara para dirigir la CICIG.

Si de algo puedo estar seguro es, que más temprano que tarde Iván Velásquez se irá de Guatemala con la gran fortuna acumulada a lo largo de estos tres años al mando de la CICIG, dejando atrás a todos los funcionarios públicos, Fiscal General incluida en una posición jurídica muy comprometida, con una responsabilidad penal y civil larga en el tiempo según lo establece el artículo 155 de la Constitución y quienes, no deben tener ni la menor duda que haremos todas las gestiones legales necesarias para que paguen en prisión todas las ilegalidades cometidas.

Espero que en este caso de manera urgente el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala así como la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, se pronuncien de forma enérgica y además realicen todas las gestiones legales que sean pertinentes no solo para defender y tutelar la independencia judicial que hoy ha sido mancillada, sino que además para defender al abogado y juez Mynor Moto Morataya, del violento ataque ilegal del cual es víctima, pues, en caso contrario, es decir que ustedes no le presten el apoyo legal respectivo al estimado colega, no duden en que el día de mañana también serán perseguidos y vilipendiados por extranjeros entrometidos que pretenden instaurar en Guatemala un régimen donde impere la aplicación del derecho penal del enemigo.

Adelante Juez Mynor Moto, sepa que la población guatemalteca y los abogados litigantes que conocemos sus valientes y objetivas resoluciones judiciales, lo apoyamos, y tenga por seguro que esta embestida cobarde e ilegal que el día de hoy se presenta en su contra por los esbirros del colombiano, caerá más temprano que tarde y junto con ella, todos los malos funcionarios públicos que se prestaron a sus sucios juegos.

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