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Lluvia de audiencias

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Incontables veces hemos escuchado que todos los extremos son malos, por lo cual se aboga por buscar un equilibrio. El Decreto 51-92 Código Procesal Penal trajo la oralidad al proceso penal con el fin de garantizar la pronta y efectiva justicia penal.

La oralidad se ofreció como solución para reducir la mora judicial y cambiar el paradigma del “juez firmante” para cumplir su función: administrar justicia.

No obstante, años después persistía el culto a lo escrito, la mayoría de actuaciones judiciales se plasmaban en papel y no oral. Antes, para resolver una petición pasaba mucho tiempo y al final lo hacía el oficial y no el juez.

Esas malas prácticas en el proceso penal impedían la celeridad, inmediación, publicidad y el contradictorio. Para erradicarlas se reformó el Código Procesal Penal para un procedimiento transparente, breve, concreto y desprovisto de formalismos innecesarios y reglas poco realistas.

El difunto magistrado César Barrientos rigió una ardua labor para garantizar el acceso a justicia, impulsando una gestión penal por audiencias enfocada en celebrar procesos penales a través de audiencias orales.

Esta política cedió oralizar el proceso penal y ahora las actuaciones son orales. Cada audiencia se registra digitalmente lo que permite conocer la carga laboral del juez en su evaluación de desempeño. Pero esa carga laboral y las estadísticas de audiencias, como criterio de evaluación generan un abuso de la oralidad hasta el desbordamiento inaceptable.

El remedio aparenta ser tan grave como la enfermedad, porque desde la petición hasta la audiencia, las partes esperan meses o años, lo cual contribuye a la mora judicial que era el afán combatir y constituye una violación al plazo razonable.

“El remedio aparenta ser tan grave como la enfermedad, porque desde la petición hasta la audiencia, las partes esperan meses o años…”

Eso poco importa al juez inconsciente que para justificar una buena nota en su evaluación de desempeño, celebra audiencias a diestra y siniestra para su estadística, olvidando principios básicos como concentración, economía y celeridad procesal.

El mayor número de audiencias no debe ser parámetro de evaluación porque no refleja objetivamente mayor carga laboral. No es igual 30 o 50 audiencias bagatelas a una cuando el juez brinda calidad y resuelve todo. Esa estadística tampoco refleja el trabajo judicial que por no ser audiencia no se documenta ni se carga al sistema.

Este criterio de evaluación ha minado el espíritu de la norma y de ideales de altos juristas como el difunto Barrientos, pero especialmente fomenta la violación de garantías judiciales porque permite al juez anteponer sus necesidades y no de quien busca justicia.

Mientras que por “estadísticas” se evalúe al juez y se le apunte como el que “más trabaja” el panorama difícilmente cambiará.

Sin embargo si se deciden medidas correctoras para lograr el equilibrio y cambiar ese criterio de evaluación, se logrará que cada audiencia sea bajo medidas de razonabilidad, utilidad, prudencia y decidiendo la mayoría de actos procesales.  Esto admitirá fijar efectividad, certeza jurídica, reducir costos de acceso a la justicia, pero esencialmente respetar el debido proceso.

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