El Siglo

Aberrante e intolerable….

…fue el hecho sucedido durante esta semana que concluye con el  castigo comunitario aplicado al  Subcomisario de la PNC Edilberto Uriel López Godínez.  Resumiendo el cuento en un solo plato, al Sub-comisario se le acusa de un delito,  la comunidad le encuentra culpable (no tiene forma de probar su inocencia) y una turba le obliga a sufrir un castigo corporal.  Algo que es,  aberrante, detestable y aborrecible para cualquier persona que defiende los Derechos Humanos (DDHH). El castigo físico, disciplina física, castigo corporal (y cualquier forma de tortura)  no tiene cabida alguna en los códigos jurídicos civilizados.   Por el término civilizado contempló simplemente, lo referente a la dignidad inherente a la persona humana.

Este hecho le hace un daño terrible a quienes defienden la agenda indigenista. En incontables ocasiones se ha argumentado que la justicia indígena no debe confundirse con los linchamientos (actos que suceden también en contextos no indígenas).y que no son otra cosa más que actos de justicia extrajudicial.  Pero en esta ocasión,  es importante que quienes  defienden el pluralismo jurídico dejen en claro que en esta agenda no hay lugar alguno para la violencia cometida por la irracionalidad de una turba.  Porque, precisamente,  todo lo que argumentan aquellos que se oponen a reconocer la justicia tradicional indígena se cumplió a rajatabla en el caso del subcomisario López Godínez: 1) se le imputó un delito que había sido cometido por otra persona,  2) fue juzgado con base a una práctica de justicia que no le correspondía,  3) no pudo defenderse de los cargos (no hubo razón que valiese)  y, 4) fue sometido a la tortura de 20 latigazos ( digo tortura porque eso es).  Repito, lo sucedido es el mejor regalo que pueden esperar quienes rechazan acoger en el derecho vigente las prácticas ancestrales indígenas.  

En los códigos jurídicos que han aceptado la convivencia entre las dos visiones de derecho (´la occidental y la indígena) hay una cláusula fundamental: Cualquier práctica comunitaria ancestral (o no considerada como ancestral pero si comunitaria) que sea violatoria de DDHH (castigo físico, disciplina física, castigo corporal) simplemente se excluye de ser reconocida. Al mismo tiempo,  se entiende que estas prácticas de justicia ancestral aplican únicamente para miembros reconocidos de la comunidad (no se imponen sobre quienes no pertenecen a la comunidad).  Así ha funcionado el reconocimiento del derecho indígena en México, en Colombia, y en Ecuador.  Es la única forma viable y racional de llevar el debate sobre el pluralismo jurídico

Lo grave de fondo, en este debate guatemalteco es la incapacidad de terminar por entender la importancia de los DDHH.  Para ambos extremos del espectro ideológico los DDHH sobran.   Para las derechas más conservadores que celebran que el ex director de la PNC  Erwin Sperinsen tiene la oportunidad de un nuevo juicio,  tomen en cuenta por favor, que la justicia suiza otorga esa medida por razones de una justicia que opera con base a Derechos Humanos.  Porque en la apelación, la Corte de Ginebra no accedió al pedido de la defensa de convocar a ciertos testigos, y eso no se vale. No está diciendo que Sperinsen sea inocente de los cargos pero sí que es fundamental el cumplimiento del debido proceso sobre todo cuando de encarar testigos se trata.  Y para las izquierdas que toman la carta del indigenismo, por favor,  no pueden callar ante lo sucedido en Panajachel.  Lo que le hicieron al subcomisario López Godínez fue terrible y viola los DDHH más fundamentales.   

El silencio es lo peor. Demuestra que en Guatemala el debate no es un debate de argumentos razonables sino un debate de posiciones ideológicas fanáticas y sectarias.  

 

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