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Guatemala bajo el acecho de las malas calificaciones

171116 PULSO Victorino Tejaxún

Guatemala es considerada hace algún tiempo la economía más fuerte de Centroamérica y una de las más estables de América Latina y el Caribe. El sostenimiento durante un lustro de una tasa de crecimiento superior o cercana al 3%, con un repunte de hasta 4.1 en 2015, acomodaron muchas mentes a la idea de que el avance del país sería cuando menos irreversible.

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Pero si bien las proyecciones del Banco de Guatemala (Banguat) y del Banco Mundial (BM) destilaron triunfalismo, al punto de pronosticar un posible 3 a 3,4 % al cierre de diciembre que deje a la zaga el 2,9 del año precedente, consultores internacionales coinciden en la necesidad de mantener la vista sobre ciertas señales de alerta que llevan a recelar de las ventajas ganadas por un manejo macroeconómico signado por la prudencia.

Aunque las calificadoras Fitch Rating y Moody’s Investor Services mantuvieron las notas de BB y Ba1, de manera respectiva, alentaron a adoptar acciones para preservar la estabilidad del país. La segunda, en particular, reconoció el bajo déficit fiscal y la robustez de la economía; mas alentó a incrementar con urgencia los ingresos tributarios de manera sustancial, a implementar cambios que dinamicen el crecimiento económico y sobre todo, a fortalecer la institucionalidad.

La caída en el Doing Business del BM, el retroceso de seis posiciones en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), el signo negativo añadido a la calificación de BB de Standard & Poors (S&P), y la bombilla roja encendida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la primera edición del Índice de Mejores Trabajos, fueron más elocuentes todavía.

Para los expertos asociados al BM, tal vez este sea uno de los peores momentos para emprender cualquier proyecto de negocios en Guatemala. De acuerdo con el informe Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs, el país ocupa el puesto 97 de 190 evaluados, es decir nueve posiciones por debajo de la ganada en la evaluación anterior y 24 respecto a la obtenida hace tres años (73).

Tabla: @secmca

Conforme con la aplicación de la metodología conocida como Distancia con la Frontera (DTF, por sus siglas en inglés), Guatemala obtuvo en ese inventario analítico una puntuación promedio de 61.18, en una escala de 0 a 100, que mide el nivel absoluto de desempeño regulatorio de una economía en su trayectoria.

El documento expresa que las economías latinoamericanas redujeron significativamente el tiempo requerido para abrir una empresa, a partir de la introducción de sistemas en línea, de la simplificación de procedimientos, y de la creación de ventanillas únicas para el registro de empresas. No obstante, señala que persisten las desventajas emparentadas con un desempeño poco satisfactorio en el pago de impuestos (126), el registro de propiedades (118) y la apertura de empresas (116).  Asimismo, con el hecho de que para cumplir con las obligaciones tributarias establecidas por ley se deben efectuar, en promedio, 28 pagos al año, para lo que se requieren unas 332 horas.

En el caso de Guatemala, los puntos favorables obtenidos en algunos acápites, contrastan con el señalamiento por el rezago en la aprobación de reformas legales capaces de oxigenar el clima de negocios en el territorio -como el Registro de Garantías Mobiliarias, la ley de  Factoraje, la de Leasing y la de Insolvencias- y con la demora en avalar la apertura de una empresa o determinados proyectos de construcción.

Justo en este último aspecto estuvo el mayor retroceso: a juicio de los especialistas, las autoridades complicaron y elevaron el costo del proceso para el otorgamiento de permisos de construcción, al expandir la clasificación de los planes que requieren una evaluación de impacto ambiental.

Otro factor que alimentó en estos meses el resquebrajamiento de la imagen de Guatemala fue el descenso en seis puestos en el Índice de Competitividad Global 2017-2018, del 84 al 78, por la mala calidad de la infraestructura y la rigidez laboral. Con el otorgamiento de una nota de 4,08 puntos, el WEF puso en entredicho el modo en el cual el país utiliza sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad.

La validación de esa mirada vino de la mano de la primera edición del Índice de Mejores Trabajos en América Latina (BID), que confirmó a este como el peor territorio de esta zona geográfica para emplearse, por el deterioro de la calidad y de la cantidad de puestos formales para lograrlo. Según las pautas fijadas, Guatemala está muy por debajo del promedio del área y ocupa el último lugar en cuanto a la cantidad de trabajos existentes (con 67.9 puntos), así como el penúltimo respecto a la calidad de los mismos (con 22).

Un repaso de los indicadores analizados posibilita comprobar las desventajas acumuladas en torno a las tasas de participación y de ocupación, pero también en el orden de la formalidad laboral y de los trabajos con salario suficiente para superar la pobreza, pandemia que abarca a más del 59,3 por ciento de la población guatemalteca, es decir a 9.6 millones de personas, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2014), del Instituto Nacional de Estadísticas.

Paralelo a ello, el Índice de Mejores Trabajos en América Latina confirma la débil inserción femenina en un mercado laboral en el cual continúa latente la discriminación por razones de género. La brecha entre los dos sexos es tal que el país recibió 33 puntos en ese aspecto, por debajo del 22.5 regional.

Empero los temores  de algunos sectores llegaron a la máxima expresión con el descenso de BB a BB- en la escala de calificación de riesgo, elaborada por la agencia estadounidense S&P. Si bien la nota recibida tras las manifestaciones masivas que obligaron a renunciar al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) reflejaba ya que el país estaba marcado por la incertidumbre y la exposición a situaciones económicas adversas, la recibida este año demostró la convicción de que la vulnerabilidad económica acecha con más fuerza, en medio de la profundización de la inestabilidad política.

Los reiterados desaciertos del Ejecutivo, encabezado por Jimmy Morales, y de los representantes de los otros poderes del Estado (Legislativo y Judicial), sólo avivaron la conflictividad social arrastrada desde entonces y pueden terminar inhabilitando al país para cumplir con sus compromisos financieros. De tal suerte, quedaría por tierra la credibilidad ganada en estos años y con ello, los aplaudidos logros de la economía más grande de Centroamérica.

S&P asegura que el tímido crecimiento proyectado por el Banguat acarreará la disminución de la moneda extranjera a largo plazo y que, de mantenerse la inacción estatal frente al tema, la reversión de esa tendencia puede tardar unos dos años. O sea, hasta la salida de Morales del Gobierno, en consonancia con lo estipulado por la ley.

Frente a este panorama, sobran razones para admitir la razón que le asiste a quienes llaman a dejar de lado las diferencias y a priorizar el diálogo para revertir las secuelas de la aplicación de un modelo de desarrollo que sólo trajo el enraizamiento de la desigualdad, de la exclusión social, del racismo, de la corrupción, y de otras lacras que alientan los conflictos y obstaculizan el avance del país.

Guatemala tiene 57 en el coeficiente de Gini –uno de los medidores más usados para determinar la desigualdad, en un rango donde cero es equidad total y 100 es inequidad total– y está en el top ten del ranking mundial de países más desiguales y el número uno en Centroamérica. Incluso, es de los pocos de la región que experimentaron un aumento de la pobreza.

Cierto que las remesas familiares y las exportaciones ayudan al equilibrio, pero no hay que olvidar que este continúa siendo uno de los siete territorios más impactados por la criminalidad en el continente. Y aunque buena parte de esa violencia es atribuida a grupos delincuenciales, hay señales de la existencia de focos o posibles actos criminales provocados a partir de lógicas políticas o de intereses de particulares empeñados en mantener su poder a toda costa.

De tal suerte, el Estado está forzado a redoblar su capacidad para acabar con el crimen y la impunidad, así como a repensar su estrategia económica. El BM, el WEF, S&P, el BID, y otros organismos internacionales sólo pusieron alertas en el camino para tratar de sensibilizar a los encargados de preservar la estabilidad de Guatemala.

Foto principal: Victorino Tejaxún

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