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No son solo los abogados

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El documento titulado “Carrera contra el tiempo. Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad” publicado por Human Rights Watch amerita y detenido estudio de sus conclusiones y propuestas, ya que muchas de ellas deberían ser aplicadas a todo el sistema de administración de justicia.

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Me preocupan, sin embargo, las conclusiones apresuradas que del estudio se infieran. Una de ellas, la más importante a mi juicio, es condenar a los abogados defensores por el uso abusivo de las acciones de amparo en lo penal.

Brenda Sanchinelli Izeppi (Amparos que aseguran la impunidad, Prensa Libre, 17.11.2017), por ejemplo, afirma que “que Guatemala atraviesa por un momento “crítico” en la lucha contra la impunidad, debido a las acciones que están retrasando los procesos de alto impacto sobre el tema de la corrupción”; que “que existe un patrón de demoras reiteradas e injustificadas en casos penales (…) en los cuales los abogados defensores han usado abusivamente amparos, recusaciones y otras medidas para interrumpirlos”, fundamentalmente por ánimo de lucro. Lo cual yo no discuto y le concedo la razón.

El problema, sin embargo, no radica exclusivamente en ellos. Los tribunales también tienen prácticas chicaneras que también propician la dilación abusiva de los tiempos procesales y son tan condenables en uno como en otro caso.  También es censurable la contumaz indiferencia con que el Ilustre Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ha visto este problema.

Claro que existen soluciones para el problema. A título de ejemplos: (i) instituir tribunales especializados en la tramitación de los procesos de amparo, como sucede con los tribunales de familia, de cuentas, de lo económico-coactivo, laboral, etc. (ii) Aplicar sin contemplaciones la norma que ordena la condena en costas a la autoridad que cometa un agravio. (iii) Enjuiciar de igual manera el retardo en el trámite de los amparos. Lo que me parece inaceptable es reducir el problema a un casuismo ramplón cual es que “en mayo del próximo año la fiscal general Thelma Aldana terminará su periodo y el mandato de la Cicig solo dura hasta el 2019.” ¡Volveré! Dijo Mc Arthur.

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