El Siglo

La defensa del amparo

No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Así regula la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad a esta institución jurídica que tiene por objeto tutelar los elementales derechos de los administrados ante los abusos del Estado.

De esa cuenta, el amparo es una garantía que no solo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos, sino que además restaura el imperio de los mismos, cuando hubieren sido conculcados; cumpliendo así, con su finalidad preventiva y reparadora.

Su correcta aplicación en el sistema guatemalteco, ha permitido enmendar graves violaciones a los derechos humanos de varios sindicados, quienes, como consecuencia de un error, negligencia o mala fe, han sido encarcelados por un crimen que no cometieron, ha logrado restablecer también, el derecho de propiedad de cientos de personas a quienes, de forma ilegal les han despojado algún bien inmueble, ha permitido que menores de edad en estado de gestación logren terminar su educación media, a pesar de haber sido expulsadas por ello, ha permitido surtir los hospitales de insumos médicos, así como ha logrado que los guatemaltecos podamos expresarnos libremente sin temor a ser procesados, entre otros cientos de ejemplos de su aplicación.

Sin embargo, esa garantía constitucional se encuentra en riesgo de ser limitada por exigencias del extranjero Iván Velásquez Gómez, quien, sin tener la iniciativa legal para impulsar esa clase de reformas, pretende de nuevo violentar los postulados constitucionales en materia de derechos humanos y garantías procesales, argumentado de forma falaz la necesidad de reducir la mora judicial, llegando incluso a la desfachatez de pretender sumar a la pena que se imponga al condenado el tiempo que el proceso se hubiere podido dilatar por la presentación de esta acción humanitaria, así como sancionar con cárcel a los abogados que las promuevan.

No me cabe la menor duda que este personaje señalado de varios hechos de corrupción en su natal Colombia, desconoce convenientemente el principio elemental de que las garantías contenidas en la Constitución Política de la República, así como en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, son inherentes a toda persona humana, y ninguna ley o autoridad puede limitarlas o tergiversarlas, bajo la pena de ser declaradas nulas de pleno derecho.

La doble moral de este obscuro personaje, lo lleva por un lado a limitar y criticar severamente la aplicación de esta noble institución en materia de protección a los Derechos Humanos, y por el otro lado, a beneficiarse personalmente de sus efectos y aplaudir su aplicación, por ejemplo cuando a través de un amparo se limitó al presidente de la República la facultad constitucional para declararlo non grato y expulsarlo del país, debido a las graves falencias en su labor, o, cuando su representada, es decir la Comisión Internacional Contra la Impunidad presentó este tipo de acciones constitucionales en los casos Bufete de la Impunidad o Valdés Paiz, con el objeto no solo de extender el tiempo de encarcelamiento de los procesados, sino que además, para buscar a toda costa, revertir los fallos judiciales, a pesar de que el amparo no es una instancia revisora de la jurisdicción ordinaria. Lo que equivale a que, si el amparo se presenta para favorecer al apañado colombiano o para dilatar los procesos judiciales que él tramita, es legitimo y debe proceder; pero, si se presenta por una persona a quien se le violentaron sus derechos individuales, debe ser catalogado de malicioso o dilatorio. Vaya si no es selectivo.

Los ingenuos que hoy alauden las gestiones del non grato, olvidan que mañana ellos mismos, o sus ascendientes, descendientes o amigos, podrán ser perseguidos penalmente de forma ilegal, y que de concretarse la modificación que se pretende, quedaran sin la tutela constitucional efectiva para restablecer sus derechos violentados.

De nuevo, el colombiano ignora que para reformar los postulados constitucionales en materia de derechos humanos individuales así como las garantías procesales, debe previamente conformarse una Asamblea Nacional Constituyente, integrada por diputados electos en sufragio universal, tal y como lo establece el artículo 278 constitucional. Y lo digo con toda propiedad, pues, del simple análisis que se haga de las reformas que se pretenden imponer, se podrá apreciar que si el espíritu de la ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es garantizar el irrestricto respeto a los derechos inherentes y las garantías procesales del ser humano, consagradas en el capitulo I título II de la Constitución política de la República de Guatemala, el procedimiento de reforma es a través de una Asamblea Nacional Constituyente, y no por medio del Congreso de la República, quien, tiene legitimación únicamente para modificar la parte orgánica de la Constitución, nunca las garantías contenidas en la parte dogmática comprendidas del artículo 3 al 46.

Por ello insisto, que pretender modificar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad a través de presionar a los diputados del Congreso de la República bajo el argumento de acelerar los procesos jurisdiccionales, no es más que un nuevo disfraz que utiliza el Comisionado, para adulterar los postulados constitucionales en materia de derechos humanos y garantías individuales, para, con posterioridad privar de la tutela constitucional efectiva a todos sus opositores políticos e ideológicos cuando sean encarcelados o expropiados en sus bienes de forma ilegal.

Al parecer, al entrometido colombiano no le quedó claro que los guatemaltecos reprobamos cualquier intento de manosear nuestro sagrado texto constitucional, como para que ahora pretenda también reformar de forma ilegal, la ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, a través de procedimientos ilegítimos que pretendan limitar el goce de nuestras garantías individuales.

Limitar el derecho a promover un proceso de amparo, abrirá una puerta gigantesca, para que, cualquier funcionario o empleado público, ya sea judicial o administrativo,  pueda excederse en el ejercicio de las funciones y atribuciones legales en perjuicio de los administrados, sin que podamos utilizar un medio de defensa adecuado ante esas arbitrariedades.

Por ello, hago un llamado a la población en general, a las asociaciones que defienden la libertad y el pleno estado de derecho, y en especial a la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, para que fijen una postura gremial rígida ante este intento que pretende socavar de forma ilegítima y encubierta los postulados constitucionales inherentes a todo ser humano, recordando que su obligación principal es velar por el irrestricto cumplimiento de la Constitución y de la ley, así como proteger y defender los intereses de sus agremiados y de los ciudadanos en general, pues, en caso contrario, la Junta Directiva de ese notable colegio profesional será responsable legalmente por su inacción.

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